El juez anticorrupción que lleva el denominado Caso Goleada dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros imputados, tras la audiencia de formulación de cargos realizada este 11 de febrero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.
La decisión se adoptó a pedido de la Fiscalía General del Estado, que acusa al alcalde y a varios implicados del presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Según lo resuelto por el juez Jairo García, la medida cautelar también se aplicará a los hermanos del burgomaestre, Antonio Álvarez y Xavier Álvarez, así como a otras siete personas procesadas dentro de la causa. No obstante, uno de los detenidos cumplirá arresto domiciliario por tratarse de un adulto mayor.
Durante la audiencia, la defensa del alcalde cuestionó la resolución judicial. El abogado Ramiro García sostuvo que no se realizó un análisis individualizado del riesgo de fuga o de una posible interferencia en la investigación. “Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada”, manifestó el jurista.
Reacciones políticas
Tras conocerse la decisión judicial, diversas autoridades se pronunciaron. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su respaldo al alcalde de Guayaquil a través de su cuenta en la red social X.
“Se ha concretado un nuevo abuso de la justicia con la encarcelación de Aquiles Álvarez. Estamos ante horas oscuras y con nulas garantías democráticas en el país. Nuestro abrazo a Aquiles y mucha fuerza para resistir. Hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales a vigilar esta nueva arbitrariedad contra una autoridad electa en las urnas”, escribió.
Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, pidió que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. “Ser político se ha convertido en la actividad de más alto riesgo en el país. Esperemos que la justicia haga y tenga su último resquicio de defender el Estado de derecho y la presunción de inocencia”, señaló.
El Caso Goleada continúa en etapa de instrucción fiscal, mientras la defensa de los procesados analiza las acciones legales que interpondrá frente a la medida de prisión preventiva
