El 22 de enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que condenó el asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas, un niño y tres adolescentes, fueron desaparecidos el 8 de diciembre de 2024 y posteriormente asesinados e incinerados. El hecho ha causado una fuerte indignación tanto a nivel nacional como internacional, por las circunstancias en las que ocurrió y la presunta participación de miembros de las Fuerzas Armadas.
El caso: desaparición y asesinato
El suceso comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando los familiares de Steven Medina, Josué Arroyo, Sául Arboleda e Ismael Arroyo denunciaron su desaparición en el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil, tras haber participado en un partido de fútbol. Según la información oficial, los jóvenes fueron detenidos por personal militar cerca del Mall del Sur y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas. Una de las víctimas, Ismael, logró comunicarse con su padre, informando que los habían acusado de robo.
El 24 de diciembre, la Policía Nacional halló los cuerpos de los cuatro menores incinerados y con signos evidentes de tortura, cerca de una base militar en Taura. Ante estos hechos, el 25 de diciembre, una jueza de niñez y adolescencia de Guayaquil ordenó investigar la desaparición forzada, y la Fiscalía inició investigaciones contra 16 militares, quienes se encuentran en prisión preventiva por este delito.
Reacciones oficiales y condenas
El Ministerio de Defensa, si bien anunció su colaboración con la justicia, apeló la decisión de la jueza argumentando que la desaparición forzada debía ser tratada por la justicia penal. En respuesta a las declaraciones del Ministro de Defensa, el comunicado de la CIDH expresó preocupación, señalando que estas declaraciones podrían amenazar la independencia judicial y obstaculizar la defensa de los derechos humanos en el país.
La CIDH también hizo un llamado al Estado ecuatoriano para que redoble esfuerzos en la investigación, sanción y reparación de estos crímenes, con el fin de garantizar justicia a las víctimas y evitar que casos similares ocurran en el futuro. En su comunicado, se destacó la importancia de investigar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de considerar aspectos como la edad, el origen étnico y la situación socioeconómica de las víctimas al abordar estos crímenes.
Condena internacional y pronunciamientos de la ONU
En el marco del examen periódico del Comité de Derechos del Niño, realizado en Ginebra los días 23 y 24 de enero de 2025, la relatora de Naciones Unidas, Mary Beloff, calificó el caso como «aberrante» y subrayó la necesidad de que se logre justicia para los niños ecuatorianos, así como reparaciones adecuadas para sus familias. A su vez, el relator del Comité de Derechos del Niño expresó que las declaraciones del Ministro de Defensa reflejan un patrón de comportamiento que debe ser abordado de manera urgente.
Reacciones de la sociedad civil
Varios actores sociales y políticos han reaccionado a la condena de la CIDH. La abogada Sybel Martínez denunció graves vulneraciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, incluida la desaparición forzada de los menores de Guayaquil. El colectivo PRODH, por su parte, calificó estas desapariciones y ejecuciones como crímenes de Estado.
La Asambleísta Gissela Garzón también se pronunció al respecto, señalando que los procedimientos legales fueron incumplidos, ya que, en caso de haber sido detenidos por una infracción, los menores debían ser entregados a autoridades competentes como la DINAPEN y la Fiscalía, lo que no ocurrió.
Además, enfatizó que el gobierno debe capacitar a las Fuerzas Armadas en derechos humanos, dado que la militarización de las vías y el aumento de penas no pueden ser la única respuesta al problema de la delincuencia.
Reflexiones finales
El caso de los menores de Guayaquil ha puesto en evidencia graves fallos en el sistema de justicia y en la actuación de las Fuerzas Armadas. La CIDH y otros organismos internacionales han instado al gobierno ecuatoriano a garantizar la justicia, las reparaciones y la no repetición de estos hechos, mientras que la sociedad civil continúa demandando una reforma estructural en el enfoque de seguridad y derechos humanos en el país. La situación de los jóvenes, víctimas de violencia institucional y criminal, es un recordatorio de la necesidad urgente de una justicia transparente y efectiva para todos.