La Policía Nacional confirmó la detención de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, durante un operativo ejecutado en la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, en Chone, provincia de Manabí. La diligencia se enmarca en una investigación por presunta delincuencia organizada, según la información proporcionada.
La Fiscalía General del Estado informó, a través de su cuenta en la red social X, que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos, dentro del denominado caso Laberinto.
Según la Fiscalía, la investigación se centra en presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023. Las autoridades buscan esclarecer inconsistencias en los aportes recibidos y el supuesto origen lícito de los recursos utilizados durante ese proceso electoral.
Reacciones tras la detención de Luisa González
La detención de González generó reacciones de actores políticos y defensores de derechos humanos, quienes cuestionaron el procedimiento y advirtieron sobre sus posibles implicaciones para la democracia y el proceso electoral. Las declaraciones se producen en medio de la crisis eléctrica que enfrenta el país y de la proximidad de las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.
El activista de derechos humanos Fernando Bastías sostuvo que el país atraviesa un deterioro democrático y cuestionó el papel de las Fuerzas Armadas en las calles. También afirmó que existiría una intención de favorecer la participación de candidatos del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en las próximas elecciones.
Por su parte, Washington Andrade criticó al Gobierno y calificó la detención como parte de una presunta persecución contra dirigentes políticos y sociales. En sus declaraciones, vinculó el operativo con el descontento generado por los apagones, la caída del respaldo al Gobierno y la proximidad de los comicios. Estas afirmaciones corresponden a su interpretación de los hechos y no constituyen conclusiones judiciales.
El expresidente colombiano Gustavo Petro también reaccionó a la detención. En un pronunciamiento, afirmó que en Ecuador se desarrolla una dictadura y cuestionó el proceso electoral. Mientras tanto, la doctora María del Mar Gallegos escribió en redes sociales: «Se acabó la democracia en este país».
La investigación del caso Laberinto deberá determinar las posibles responsabilidades penales de las personas involucradas. La detención y las sospechas investigadas no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
