En el Ecuador la justicia, Función del Estado que debería ser independiente y altamente respetada, se muestra como un sistema vulnerable, sujeta a presiones, disputas y silencios interesados. La comparecencia del cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ante la Asamblea Nacional del Ecuador fue uno de esos momentos.
No porque sus palabras deban ser tomadas como verdad revelada —Godoy está llamado a la Asamblea precisamente por críticas graves a su gestión—, sino porque, en medio de su defensa, terminó diciendo algo que muchos ciudadanos sienten desde hace tiempo: que la justicia en el Ecuador no opera en un entorno blindado, sino bajo constantes interferencias. Y en ese entorno, muchas veces lo político ha querido imponerse por encima de lo técnico… y repetidamente lo ha logrado.
Godoy es el cuarto presidente del Consejo de la Judicatura convocado a rendir cuentas en apenas seis años. Más allá de los nombres, la cifra revela una realidad incómoda: la Función Judicial vive en permanente sobresalto. Cambian las autoridades, se acumulan denuncias, se activan juicios políticos y, en ese vaivén, la independencia judicial se debilita.
Durante su intervención, Godoy habló de presiones, de intentos de control, de coacciones políticas y de intereses que buscan influir en decisiones judiciales. No corresponde validar su relato —eso le compete a los organismos de control y a la investigación penal—, pero sí resulta revelador que quien preside el órgano de gobierno de la justicia admita públicamente que estas prácticas existen.
El contexto de la comparecencia tampoco fue menor. La expectativa de una posible renuncia pedida por el presidente Daniel Noboa (a otra Función del Estado), la solicitud de juicio político impulsada por la Revolución Ciudadana y el anuncio de nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado dibujan un escenario donde la justicia aparece atrapada entre bloques políticos.
En ese escenario, los procesos dejan de avanzar por su propio mérito y pasan a leerse como fichas de un tablero mayor. El riesgo es evidente: que la ciudadanía perciba que la justicia responde más a correlaciones de poder que a criterios jurídicos.
Pocas causas ilustran mejor esta fragilidad que el Caso INA Papers, luego rebautizado arbitrariamente como Caso Sinohydro. Desde sus primeras etapas, el proceso ha estado rodeado de tensiones políticas, lecturas interesadas y disputas públicas que han acompañado —y en ocasiones condicionado— su desarrollo.
El proceso se ha dilatado desde 2019 y ha sobrevivido sin sustentos a cambios de autoridades, a presiones cruzadas y a intentos constantes de politización. Cada reactivación, cada pronunciamiento, cada giro procesal vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿puede una causa de alto impacto avanzar sin ser absorbida por la confrontación política?
Reducir el debate a la figura de Mario Godoy sería un error. Su situación es grave y debe esclarecerse, pero el problema es más profundo. Cuando un presidente del Consejo de la Judicatura reconoce la existencia de presiones sobre la justicia, cuando los casos emblemáticos se convierten en armas políticas y cuando la institucionalidad cambia de rostro cada pocos años, lo que queda expuesto es un sistema frágil.
Una justicia fuerte no necesita defensas mediáticas ni batallas políticas para sostenerse. Necesita reglas claras, estabilidad, controles efectivos y, sobre todo, distancia real del poder político.
Mientras esa distancia no exista, mientras los procesos sigan leyéndose en clave de conveniencia y no de derecho, la justicia ecuatoriana seguirá mostrando sus grietas. Y cada comparecencia, cada escándalo y cada caso emblemático no hará más que recordarnos una verdad incómoda: la institucionalidad no se quiebra de golpe, se erosiona lentamente. FIN
