Ecuador enfrenta una preocupante escalada en los niveles de inseguridad alimentaria. Más de 2,82 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentos, según datos recientes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas. Esta cifra representa el 15 % de los 17,9 millones de habitantes del país, evidenciando una problemática que afecta de forma directa a millones de hogares.
El impacto de estos datos posiciona a Ecuador como el tercer país de América Latina con mayor prevalencia de dificultades en el acceso a la comida. Solo es superado por Honduras, donde el 17 % de la población enfrenta esta situación, y Haití, que presenta la cifra más crítica a nivel mundial, con un 53 % de su población afectada por el hambre.
A escala global, el problema es aún más grave. El Mapa del Hambre del PMA revela que la mayor concentración de inseguridad alimentaria se encuentra en países de África y Oriente Medio. Naciones como Sudán del Sur y Haití lideran la lista con un 53 %, seguidas por Yemen con 52 %, reflejando una crisis alimentaria extendida y persistente.
En total, alrededor de 318 millones de personas padecen hambre aguda en 68 países, una cifra que duplica los registros de 2019. Este aumento evidencia el deterioro de las condiciones económicas y sociales en diversas regiones, impulsado por factores como conflictos, crisis económicas y el encarecimiento del costo de vida.
En el caso ecuatoriano, el aumento del costo de la vida agrava la situación. Un análisis del economista Andrés Mideros señala que la canasta básica familiar pasó de USD 801 a USD 829 entre marzo de 2025 y marzo de 2026, lo que representa un incremento anual del 3,5 %. Este aumento impacta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, reduciendo su capacidad para cubrir necesidades esenciales.
La brecha entre ingresos y gastos continúa ampliándose. Con un salario básico unificado de USD 482, muchas familias no logran cubrir el costo de una canasta que contempla 75 productos esenciales para un hogar promedio de cuatro miembros. De hecho, datos del INEC indican que cerca del 60 % de los hogares no cuenta con ingresos suficientes para cubrir estos gastos, lo que se traduce en una disminución sostenida del bienestar y mayores niveles de vulnerabilidad.
