La mayoría oficialista de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional cerró el paso al juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Durante la sesión realizada este 24 de julio de 2026 en Guayas, la mesa legislativa aprobó, con seis votos a favor, el informe que recomienda al Pleno el archivo del proceso impulsado por los asambleístas Mónica Palacio, Lenín Barreto y Blasco Luna.
El informe jurídico concluye que los legisladores proponentes no lograron demostrar que Manzano incurriera en incumplimiento de funciones ni establecer un nexo causal entre sus atribuciones como ministra y las decisiones relacionadas con el contrato emergente de CELEC-EP para la central Esmeraldas. Además, sostiene que existe una «manifiesta e insubsanable falta de mérito» e «insuficiencia probatoria» para atribuirle responsabilidad política.
La moción para aprobar el informe fue presentada por el legislador de ADN, Luigi García, y obtuvo el respaldo de la mayoría de la comisión. Entre los principales argumentos para recomendar el archivo constan la inexistencia de pruebas suficientes, la falta de tipificación de las acusaciones, la ausencia de responsabilidad directa de la exministra sobre las decisiones contractuales de CELEC y la evidencia de que el desembolso cuestionado se realizó antes de que Manzano asumiera oficialmente el encargo ministerial.
El documento también señala que los testigos anunciados por los acusadores no comparecieron, por lo que la prueba testimonial quedó sin efecto, y que las denuncias sobre una supuesta obstrucción a la fiscalización carecen de respaldo técnico y jurídico. Con este pronunciamiento, la Comisión de Fiscalización deja en manos del Pleno de la Asamblea la decisión final sobre el archivo del juicio político, aunque el informe aprobado representa un importante respaldo político para la exministra.
El asambleísta Franklin Samaniego criticó la decisión de la Comisión de Fiscalización de recomendar el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano y aseguró que con ello «se consumó el pacto de la impunidad». Según el legislador, los seis votos de la bancada oficialista ADN impidieron que el proceso continúe, lo que, a su juicio, evita esclarecer el presunto perjuicio económico relacionado con el caso ATM.
Samaniego afirmó que la resolución protege a funcionarios del Gobierno y limita la posibilidad de que los presuntos responsables rindan cuentas ante el país y de que la ciudadanía conozca toda la verdad sobre este caso.
