El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que el Municipio presentará el miércoles 4 de marzo una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). El burgomaestre sostiene que la aplicación de los cambios afecta la seguridad jurídica, la planificación municipal y la autonomía de la capital.
Durante el programa Frecuencia Quiteña, Muñoz defendió el concepto de inversión social frente a las críticas que califican ciertos rubros como “gasto social”. Explicó que el Municipio financia, por ejemplo, la contratación de talleristas en las Casas Somos, donde se brinda formación en áreas como belleza y cuidado personal para fomentar emprendimientos locales y dinamizar la economía barrial.
El alcalde también cuestionó las comparaciones sobre el tamaño de la estructura administrativa de Quito frente a otros municipios. Argumentó que, aunque es necesario optimizar procesos y reducir trámites innecesarios, existen funcionarios que cumplen tareas clave para garantizar servicios públicos de calidad en una ciudad que bordea los tres millones de habitantes.
Muñoz detalló que la capital administra competencias que no existen en otros municipios o que se manejan en distinta magnitud, como la gestión directa de 20 unidades educativas municipales que atienden a cerca de 27.000 estudiantes. Además, el cabildo opera tres centros de salud, alrededor de 100 Quito Wawas, 14 Centros Municipales de Educación Inicial y un sistema de transporte mixto que incluye Trolebús, Ecovía y el Metro, combinando operación pública y privada para asegurar cobertura integral.
En materia de seguridad y gestión de riesgos, destacó la inauguración de la estación de Bomberos número 27 en Calderón, la incorporación de cinco nuevas ambulancias —con lo que el Cuerpo de Bomberos alcanza 25 unidades— y los procesos de certificación internacional USAR. Finalmente, subrayó que el presupuesto municipal se construye de manera participativa y es aprobado por el Concejo Metropolitano, por lo que consideró inapropiado que una reforma legal, con el año fiscal ya en curso, modifique la ejecución de recursos previamente aprobados.
