El presidente Daniel Noboa oficializó este 14 de julio de 2026 el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, una nueva estrategia con la que el Gobierno busca enfrentar al crimen organizado y recuperar el control del territorio. El documento reemplaza al plan vigente desde 2019 y llega en un contexto en el que las sucesivas políticas de seguridad implementadas en los últimos años no han logrado reducir de manera sostenida los niveles de violencia que afectan al país.
El nuevo plan, expedido mediante el Decreto Ejecutivo No. 448, plantea un enfoque más amplio que combina operaciones militares y policiales con acciones sociales, educativas y de fortalecimiento institucional. Entre sus principales objetivos están neutralizar a los grupos armados organizados, reforzar el control en las zonas fronterizas, combatir economías ilegales como la minería y el tráfico de combustibles, además de fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por la delincuencia.
La estrategia también contempla una reforma integral del sistema penitenciario, considerado uno de los principales focos de operación del crimen organizado. El Gobierno prevé modernizar la infraestructura carcelaria, profesionalizar al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria y que, para 2027, el SNAI retome plenamente el control de las cárceles, actualmente respaldadas por las Fuerzas Armadas. Asimismo, el plan incorpora la cooperación internacional como un eje para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad.
Con la entrada en vigencia inmediata del nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Ejecutivo apuesta nuevamente por una hoja de ruta para contener la crisis de inseguridad. Sin embargo, este programa se suma a una serie de estrategias, estados de excepción y planes implementados en los últimos años cuyos resultados no han logrado consolidar una reducción sostenida de la violencia, por lo que el principal desafío será traducir los objetivos planteados en resultados concretos para la ciudadanía.
