La disputa judicial entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC dio un giro en Estados Unidos. La contratista solicitó a la Corte Federal del Distrito Medio de Florida que declare que la estatal ecuatoriana perdió el privilegio abogado-cliente, luego de que el secretario General de la Administración Pública, José Julio Neira, difundiera información contenida en un memorando confidencial sobre la estrategia legal del caso.
El origen de la controversia se remonta al 17 de junio de 2026, cuando Neira, quien también integra el Directorio de Celec, publicó en su cuenta de X un video sobre la denominada «ruta del dinero» del caso Progen. Según documentos judiciales, el contenido reveló información de un memorando elaborado por el bufete Greenberg Traurig, representante de Celec en Estados Unidos, identificado como «Privilegiado y Confidencial – Producto de Trabajo Abogado-Cliente». La propia defensa de la estatal notificó al juez federal William Jung que la publicación se realizó sin autorización ni conocimiento de sus abogados.
Con base en esa divulgación, Progen presentó el 1 de julio una moción en la que sostiene que Celec renunció voluntariamente a la confidencialidad de su estrategia jurídica. La empresa solicita que la Corte ordene la entrega del memorando completo y de todas las comunicaciones relacionadas con el rastreo de los fondos del caso. Además, cita jurisprudencia federal para argumentar que, una vez revelada públicamente la información protegida, el privilegio abogado-cliente no puede recuperarse.
La contratista también pidió que se impongan sanciones por presunta mala fe procesal. En su escrito, sostiene que Celec y el Gobierno ecuatoriano habrían utilizado el litigio civil en Estados Unidos para respaldar una narrativa política en Ecuador. Asimismo, rechaza las afirmaciones de Neira sobre una supuesta cooperación del Gobierno estadounidense bajo la Ley RICO y asegura que se trata exclusivamente de un proceso civil privado, sin participación de autoridades federales.
El caso podría tener consecuencias para la demanda con la que Celec busca recuperar cerca de USD 110 millones relacionados con los contratos de generación eléctrica en Quevedo y El Salitral. Expertos en derecho han advertido que la difusión de información protegida podría afectar la validez de pruebas clave e incluso debilitar la estrategia procesal de la estatal ecuatoriana. Mientras tanto, Progen también busca frenar las 41 citaciones emitidas por Celec para rastrear el destino de los recursos, al considerar que constituyen una actuación desproporcionada dentro del proceso judicial.
