El 13 de marzo, una rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) causó una de las peores tragedias ambientales en Esmeraldas. El derrame de petróleo contaminó ríos y llegó hasta las playas, dejando a más de 800 familias sin acceso al agua y poniendo en peligro la biodiversidad de la provincia verde.
A pesar de la emergencia ocasionada por este derrame de hidrocarburo, que no solo representa un riesgo para la naturaleza, sino también para los seres humanos que habitan en los alrededores, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa llegó tarde.
El presidente se pronunció dos días después del desastre, a través de su cuenta en X, disponiendo que la ministra de Ambiente convoque al COE Nacional, y que Petroecuador asuma su responsabilidad, además de crear un fondo para la remediación ambiental y la reparación de las familias afectadas.
Esmeraldas exige respuestas inmediatas
Este derrame de crudo en el sector El Vergel, cantón Quinindé, es el tercero en los últimos tres años. Los anteriores ocurrieron en 2018 y 2023, y el último tuvo lugar en marzo de este año.
Daniel Noboa, candidato presidencial, afirmó en su cuenta de X que «Petroecuador debe asumir su responsabilidad. A diferencia del pasado, esta vez responderá por sus actos y deberá encargarse de la remediación en Esmeraldas.»
Sin embargo, desde el 9 de enero de 2025, Noboa preside los directorios de las principales empresas energéticas del país, entre ellas Petroecuador, CNEL, CELEC y la Empresa de Hidrocarburos. Petroecuador, en su cuenta de X, informó solo sobre las posibles causas del derrame, los protocolos de emergencia activados y las medidas tomadas para evitar que las exportaciones se vean afectadas.
Tres días después, las dudas persisten
El embajador por el ambiente y experto en innovación, Inty Gronneberg, reaccionó ante la inacción del gobierno. En su cuenta de X, expresó que tres días después del desastre, las autoridades aún no ofrecen respuestas clave:
- ¿Cuántos barriles de crudo se derramaron realmente?
- ¿Cuántos kilómetros de agua y suelo fueron afectados?
- ¿Cuánto tiempo tomará la remediación y quién garantizará que se cumpla?
«El gobierno ha ordenado a Petroecuador asumir la responsabilidad y al Ministerio de Ambiente supervisar las acciones, pero hasta ahora no hay transparencia sobre el daño ni un plan claro de restauración. ¿Cómo pretenden recuperar lo que ni siquiera han medido?» señaló Gronneberg.
Alcalde de Quinindé denuncia falta de respuesta gubernamental
El alcalde de Quinindé, Ronal Moreno, denunció en una entrevista con el medio Ecuavisa que a pesar de los tres derrames en los últimos ocho años, no se ha logrado una remediación efectiva ni un plan de compensación. Los habitantes sufren de problemas respiratorios, laceraciones y otros efectos por la exposición a los gases y el agua contaminada. Moreno indicó que han atendido a 600 personas, pero la situación sigue siendo crítica debido a la falta de coordinación y recursos.
El alcalde criticó la falta de apoyo institucional y denunció que el COE Cantonal no ha logrado articular acciones con el COE Provincial ni con el Gobierno ni Petroecuador. Quinindé, con limitaciones económicas, no puede afrontar la magnitud de la emergencia, y el alcalde hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para implementar un verdadero plan de contingencia.
Aseguró que la situación está afectando la vida diaria de las familias, que dependen de los ríos para actividades esenciales, y expresó su preocupación por la posible indignación de la comunidad si la crisis no es atendida adecuadamente.
Urgencia por acción y transparencia
La activista Emilene Aguayo también criticó la falta de planificación y calificó la respuesta del gobierno de tardía. Señaló que en Esmeraldas existen brigadas improvisadas que no conocen la magnitud del desastre, y comparó esta reacción con los permisos otorgados para proyectos como el inmobiliario en Olón o la adjudicación del campo Sacha. «Para prevenir, nada. Para el show y los negocios, todo», enfatizó.
Juanita Francis, activista y pobladora de Esmeraldas, relató la crisis que enfrentan cientos de familias en la provincia: altos costos del agua de bidón y de los tanqueros, sin planes de contingencia adecuados para los barrios periféricos.
Además, la situación se agrava con el colapso en la recolección de basura, la llegada del invierno que incrementa el riesgo de enfermedades y la insalubridad. «Nos encontramos en una emergencia humanitaria, mientras las instituciones funcionan a solo un 25% de su capacidad», remarcó.
La abogada Janet Bustos calificó este desastre como una crisis humanitaria, no solo porque se debe limpiar el derrame, sino también para evitar una catástrofe mayor en salud y economía. «Los ecosistemas están muriendo, los pescadores pierden su sustento, y las comunidades están en peligro. ¿Quién va a responder por esto? No podemos aceptar el silencio ni la inacción. Esto no se puede manejar con soluciones superficiales; necesitamos una respuesta seria y urgente», destacó.
Respuesta del COE y medidas insuficientes
Finalmente, el medio digital Zoom destacó que la declaratoria del COE llegó de manera tardía, a pesar de los miles de galones de crudo derramados y el alto riesgo de que llegara al mar. Las resoluciones incluyen el monitoreo de la calidad del agua en las zonas afectadas y el cierre temporal de las playas Las Palmas, Camarones y Las Piedras.
