Trece congresistas demócratas de Estados Unidos exigieron a la Administración de Donald Trump suspender de inmediato toda la asistencia y cooperación de seguridad con Ecuador, incluidas las operaciones militares conjuntas, hasta que se restablezcan la democracia y el Estado de derecho. La petición consta en una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que advierten que, si Washington no modifica su política hacia el Gobierno de Daniel Noboa, recurrirán a las facultades del Congreso para forzar el fin de esa cooperación, según una nota de diario El PAIS de España.
La misiva plantea bloquear las ventas de armas a Ecuador, suspender la asistencia estadounidense en materia de seguridad, prohibir el uso de fondos aprobados por el Congreso para operaciones militares e investigar la participación de Estados Unidos en presuntos abusos contra civiles durante operativos en la frontera norte y ataques a embarcaciones pesqueras en el Pacífico. Los legisladores justifican su exigencia en lo que consideran un deterioro democrático, persecución de adversarios políticos, debilitamiento de la independencia judicial y restricciones a las libertades civiles.
Entre los episodios cuestionados figura la detención de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de Revolución Ciudadana, el pasado 22 de octubre, dentro de una investigación fiscal por presuntas irregularidades financieras en su campaña de 2023. Los congresistas también cuestionan que las acusaciones fueran difundidas públicamente por el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, mientras González y su defensa participaban en la audiencia de formulación de cargos. A esto suman los allanamientos a las oficinas del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, casos que interpretan como parte de una ofensiva contra la oposición política.
Las acusaciones contra González fueron expuestas públicamente por el secretario de la Administración de la Presidencia, José Julio Neira, en un video difundido en redes sociales, mientras la excandidata y su defensa estaban en la audiencia de formulación de cargos, conociendo los elementos de la acusación. Para los legisladores estadounidenses, ese elemento suscita serias preocupaciones sobre la separación de poderes y la independencia judicial. Los congresistas también cuestionan el papel del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, a quien consideran un “aliado de Noboa”. Sostienen que ha actuado para proteger al presidente y sus aliados mientras impulsa procesos contra figuras de la oposición.
Otro de los ejes de la denuncia son las operaciones militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos y los ataques contra embarcaciones en el Pacífico. Los congresistas sostienen que estas acciones han estado acompañadas de presuntas ejecuciones extrajudiciales y vulneraciones de derechos humanos. Señalan que más de un centenar de pescadores han sido afectados por estos operativos y que la justicia ecuatoriana ha absuelto a los procesados por falta de pruebas. También advierten sobre denuncias de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales, sin que Washington haya exigido responsabilidades al Gobierno ecuatoriano.
Los legisladores cuestionan, además, los resultados de la cooperación militar frente al avance del narcotráfico y la violencia. «No hay pruebas de que la presidencia de Noboa o sus operaciones con el Gobierno estadounidense hayan reducido de manera significativa el narcotráfico», sostiene la carta, que recuerda que los homicidios continúan en aumento.
