Multa a Leonardo Berrezueta por presunta campaña anticipada
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) multó con 20 salarios básicos unificados ($9.400) al asambleísta Leonardo Berrezueta, de Revolución Ciudadana, por presunta campaña anticipada en las elecciones de 2023.
El juez Ángel Torres emitió una sentencia de primera instancia, apelable ante el Pleno del TCE. Según la resolución, Berrezueta incurrió en precampaña en 2023 al aparecer en una foto con una camisa azul y publicidad de la candidata Luisa González al fondo. Los denunciantes afirman que esto constituye campaña anticipada.
César Cárdenas, del colectivo «Levántate Ecuador», presentó la denuncia. Cuestionó la legalidad de la imagen y su impacto en las elecciones.
Reacciones a la sanción
Leonardo Berrezueta denunció en X que buscaban quitarle sus derechos políticos. Como no lo lograron, dijo, lo multaron por un evento interno en la sede de Revolución Ciudadana. Aseguró que la foto nunca se usó para promocionar su candidatura y que no hay pruebas de que fuera publicada en sus redes.
Advirtió que habrá más sanciones contra legisladores de Revolución Ciudadana, impulsadas por el exconsejero destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCSS), Juan Esteban Guarderas.
Guarderas, a través de su abogado César Wilfrido Cárdenas Ramírez, celebró el fallo. «No solo es una victoria legal, sino un mensaje claro: la política no es un atajo para la impunidad», afirmó. Aseguró que la sentencia refuerza la equidad y la transparencia electoral. «La legalidad no es opcional», subrayó.
El secretario de Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, se solidarizó con Berrezueta y calificó la sanción como «un nuevo atropello». «Una pena que el TCE haya sucumbido a la mafia chantajista de ADN», dijo.
Justicia selectiva: rapidez para unos, demora para otros
El TCE actuó rápido en este caso, pero mantiene denuncias sin resolver. Aún no hay sentencia por infracciones electorales graves atribuidas al candidato presidencial, pese a que la denuncia fue admitida el 15 de enero de 2025. Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, presentó la demanda, que sigue sin respuesta.
