Una nueva resolución de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) amplía la lista de documentos y expedientes que permanecerán fuera del acceso público en Ecuador. La disposición consta en la resolución UAFE-DG-2026-0003, emitida el 26 de febrero de 2026, y establece qué tipo de información institucional será considerada reservada o secreta, por lo que no podrá ser consultada a través de los mecanismos de acceso a la información pública.
La normativa determina que varios tipos de expedientes generados por la UAFE serán clasificados como información reservada, lo que implica restricciones estrictas para su difusión. Entre ellos figuran bases de datos personales y documentos de servidores y exservidores de la institución, especialmente los relacionados con procesos de contratación o desvinculación laboral.
También quedan bajo reserva las actas, informes y documentación producida en el Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos (Conalaft), así como los informes de análisis de riesgos utilizados para definir qué sectores o instituciones deben reportar operaciones sospechosas. A esto se suman estudios sectoriales de riesgo, matrices de alertas tempranas, metodologías de análisis y herramientas tecnológicas empleadas para detectar actividades financieras irregulares.
La resolución incluye además informes técnicos que establecen los parámetros de los reportes de operaciones económicas que deben enviar los sujetos obligados, documentos de la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo —excepto su resumen ejecutivo—, reportes estadísticos, análisis de operaciones sospechosas y bases de datos sobre Personas Expuestas Políticamente. También se declaran reservados los avisos o denuncias ciudadanas, memorandos de requerimiento de información y el diseño de la infraestructura tecnológica de la entidad.
El documento advierte que los funcionarios que accedan a esta información deberán mantener la confidencialidad incluso después de dejar sus cargos, y que su divulgación podría derivar en sanciones administrativas, civiles o penales. La medida se adopta en un contexto en el que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha incrementado el uso de cláusulas de confidencialidad en varias decisiones oficiales, ampliando el volumen de información clasificada dentro de la administración pública.
