Febrero de 2026 volvió a poner sobre la mesa una realidad que el país conoce, pero que todavía no termina de internalizar: los derrumbes no son únicamente un problema vial, son un riesgo sistémico. Las lluvias intensas y la saturación de suelos han provocado cierres y restricciones en decenas de tramos estratégicos, afectando la movilidad, el comercio y la logística en Sierra y Amazonía. En un territorio como el ecuatoriano, donde la geografía condiciona cada kilómetro de infraestructura, cada talud inestable tiene implicaciones que van mucho más allá del tránsito.
El impacto inmediato suele medirse en horas de cierre y kilómetros afectados. Sin embargo, en términos técnicos, el verdadero problema es la pérdida de resiliencia del sistema territorial. Cuando una vía crítica colapsa o queda inestable, se interrumpen cadenas de suministro, se ralentiza la respuesta ante emergencias y se reduce la capacidad operativa de infraestructuras estratégicas que dependen de accesos seguros y continuos.
En ese contexto, proteger activos energéticos clave no es una consigna política, sino una prioridad técnica. La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair es el eje estructural del sistema eléctrico ecuatoriano. Su peso en la generación nacional la convierte en un nodo cuya estabilidad incide directamente en la seguridad energética, especialmente en escenarios donde el componente hidroeléctrico vuelve a liderar la matriz.
No se trata únicamente de la operación interna de la central. La continuidad del servicio depende también de la integridad del corredor territorial que la rodea: accesos viales funcionales, estabilidad de taludes, protección de márgenes fluviales y logística operativa permanente. Cuando se reportan cierres en tramos que conectan con la zona de influencia de la central, el riesgo no es inmediato apagón, pero sí una reducción del margen de maniobra frente a contingencias.
A este panorama se suma un factor estructural que no puede ignorarse: la erosión regresiva del río Coca. Desde el colapso de la cascada San Rafael en 2020, el comportamiento geomorfológico del río ha obligado a implementar soluciones de ingeniería de gran escala para proteger obras estratégicas. La construcción de diques permeables y otras intervenciones buscan reducir la energía erosiva y estabilizar el cauce, pero el fenómeno es dinámico y requiere monitoreo constante.
La combinación de lluvias intensas, suelos inestables y un corredor fluvial en transformación genera un escenario de riesgo compuesto. No es solo un talud que cae ni un río que socava; es la interacción de procesos que pueden amplificar vulnerabilidades. En un sistema eléctrico que depende en buena medida de grandes centrales hidroeléctricas, cualquier presión adicional sobre infraestructura crítica debe analizarse con anticipación, no con reacción.
Desde una perspectiva técnica, proteger este tipo de infraestructura implica fortalecer la gestión integral del territorio. Esto incluye estabilización priorizada de taludes en zonas críticas, sistemas de drenaje adecuados, monitoreo geotécnico e hidrológico con umbrales de alerta definidos y planificación de rutas alternas que garanticen acceso continuo para personal y equipos. La ingeniería de resiliencia ya no es opcional debe ser parte de la operación.
También es indispensable una coordinación interinstitucional clara. La protección de infraestructura energética no recae únicamente en la empresa operadora; involucra al sistema de transporte, gestión de riesgos, autoridades locales y planificación nacional. Cuando la responsabilidad se fragmenta, el riesgo aumenta. Cuando se articula con base técnica y cronogramas verificables, la capacidad de respuesta mejora sustancialmente.
Los derrumbes de febrero no deben leerse solo como eventos estacionales. Son una advertencia sobre la fragilidad de corredores estratégicos en un país de alta complejidad geológica y climática. Si el terreno cede y no se actúa con visión integral, el sistema completo siente la presión. Proteger infraestructura clave no es un asunto de retórica: es una decisión de seguridad energética, estabilidad económica y responsabilidad técnica con el país.
