El equipo técnico legal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henríquez, tribuye al Estado ecuatoriano la responsabilidad sobre la vida y la integridad física del funcionario, quien se encuentra privado de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
Según un comunicado, Álvarez presenta un “preocupante deterioro físico visible” que genera alarma jurídica y humanitaria.
Las imágenes obtenidas desde el Centro de Privación de Libertad (CPL) Santa Elena evidencian una drástica pérdida de peso y un visible quebranto en su estado de salud.
El comunicado destaca que la privación de libertad sin sentencia, el deterioro físico y las restricciones al ejercicio de la defensa configuran graves vulneraciones a derechos constitucionales y humanos.
Entre los puntos principales se mencionan:
- La Constitución garantiza a las personas privadas de libertad el derecho a la integridad física, atención médica adecuada y protección contra tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Preocupación por denuncias de un posible brote de tuberculosis en el centro penitenciario.
- Restricciones al contacto efectivo con su equipo jurídico, lo que limitaría su derecho a la defensa técnica (artículo 76 numeral 7 de la Constitución).
- La prisión preventiva no puede convertirse en una condena anticipada ni exponer al detenido a un deterioro físico progresivo.
“Cuando el Estado no protege la vida de quien mantiene bajo su responsabilidad, la vulneración deja de ser únicamente política: se convierte en constitucional, humana e internacional”, señala el texto firmado por el Equipo técnico legal del alcalde Aquiles Álvarez.
El comunicado incluye una fotografía reciente de Álvarez, en la que se observa su notorio cambio físico mientras se encuentra en el CPL Santa Elena.
Esta declaración se produce en medio del proceso judicial que enfrenta el alcalde de Guayaquil, quien permanece bajo custodia del Estado. Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento oficial de las autoridades penitenciarias o judiciales sobre su estado de salud.
