Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, defendió el martes 14 de julio de 2026 la legalidad de su participación en el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano, luego de que legisladores de la Revolución Ciudadana cuestionaran el protagonismo de la defensa durante la diligencia. El jurista sostuvo que actúa como representante directo de la exfuncionaria y afirmó que su presencia en la sesión ratifica plenamente esa representación, por lo que pidió a la Comisión de Fiscalización respetar las normas establecidas por la Asamblea Nacional.
Oyarte recordó que la Corte Constitucional ha señalado que, si bien el juicio político tiene una naturaleza distinta a un proceso judicial, debe garantizar derechos fundamentales como la defensa, la presentación de pruebas y el principio de contradicción. En ese sentido, advirtió que estas garantías no pueden ser limitadas ni utilizadas de forma arbitraria en perjuicio de la persona sometida al proceso.
La controversia surgió después de que la bancada de la Revolución Ciudadana sostuviera que Inés Manzano debía ejercer personalmente su defensa durante el juicio político y que los abogados únicamente podían brindar asistencia técnica. Según los legisladores, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el funcionario interpelado es quien debe responder directamente por su gestión, sin delegar esa responsabilidad política en sus representantes legales.
Durante la práctica de la prueba documental, la defensa también objetó que el informe de minoría de la Comisión de Fiscalización sea considerado como prueba de cargo, al argumentar que contiene únicamente opiniones de uno de los acusadores y carece de valor probatorio. Asimismo, Oyarte afirmó que el informe de auditoría de la Contraloría sobre el contrato con ATM no menciona a Inés Manzano ni le atribuye responsabilidades, por lo que, a su criterio, no constituye un elemento que sustente un eventual juicio de responsabilidad política.
