Este lunes, en una rueda de prensa, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó la adjudicación al consorcio internacional Sinopetrol de la operación del campo Sacha, considerado la «joya de la corona» de la industria petrolera ecuatoriana. Sin embargo, la ministra calificó esta joya como una «corona oxidada».
La ministra precisó que no se trata de una concesión a privados, sino de una delegación de operación y mantenimiento a un operador más eficiente, mediante un contrato de participación. Recalcó que «Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila. La propiedad del recurso es y seguirá siendo del Estado ecuatoriano».
Explicó que el campo, operado hasta ahora por Petroecuador, ha sufrido una falta de mantenimiento adecuado durante 50 años. Con esta delegación, el consorcio Sinopetrol se encargará de operarlo con mayor eficiencia.
¿Qué implica esta adjudicación?
El economista Andrés Arauz utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para explicar las implicaciones de esta adjudicación sobre el campo más productivo del país.
Actualmente, Petroecuador conserva el 100% del petróleo físico para el Estado. Las utilidades, sumando 1,000 millones de dólares anuales, también corresponden en su totalidad al Estado, mientras que los gastos e inversiones en el campo ascienden a 500 millones al año.
Con la privatización, según lo establece el contrato, el Estado recibiría solo el 12% del petróleo físico, y las utilidades bajarían al 80%. Esto implica una renta petrolera de 1,500 millones de dólares anuales, pero con un aumento en los gastos de inversión, que se elevarían a 800 millones, lo que reduciría las utilidades netas a 700 millones. El Estado terminaría recibiendo solo 560 millones de dólares al año.
Pérdida de recursos y soberanía
Arauz advirtió que esta decisión no solo afecta las finanzas, sino también la soberanía energética del país. El consorcio, que llevaría el 88% del petróleo, controlaría también el suministro de derivados como gasolina y diésel, esenciales para el consumo interno. Arauz afirma que, si el país pierde 60,000 barriles diarios, se vería obligado a «rogar» al consorcio para que le venda su propio petróleo, y lo haría bajo condiciones desfavorables.
El economista también señaló que, a pesar de los argumentos de que la empresa privada invertirá menos, en realidad, los gastos aumentarán «artificialmente» debido a la amortización e intereses relacionados con la «prima» y mecanismos de elusión tributaria.
La «joya de la corona oxidada»
La ministra Manzano calificó a Sacha como una «joya de la corona oxidada» y sugirió que, si el Estado continuaba con su gestión, los gastos aumentarían. Sin embargo, Arauz argumenta que, si el gobierno realmente hubiera querido «pulir» esa corona, habría adoptado varias medidas alternativas para mejorar la situación del campo.
Entre las acciones que habría propuesto están la creación de una unidad científica y tecnológica para la transferencia de tecnología, la convocatoria a universidades para mejorar los activos del campo, la restitución de los «convenios de liquidez» para realizar inversiones, y la transparencia en el proceso mediante la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas.
Arauz también destaca que, en lugar de ceder jurisdicción a arbitrajes internacionales, el gobierno debería haber incluido cláusulas que respetaran la legislación ecuatoriana.
Un negocio favorable para pocos
Finalmente, Arauz criticó al presidente Daniel Noboa, acusándolo de anteponer los intereses financieros a la soberanía nacional. También denunció que la Asamblea Nacional, a pesar de la propuesta de su Presidenta de convocar al pleno el 15 de febrero para rechazar la concesión por no ser de interés nacional, no logró los votos suficientes debido a la oposición de la derecha. Según Arauz, existen «cómplices» dentro del órgano legislativo que han facilitado esta adjudicación.
