Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, enfrenta una investigación penal tras la ejecución de la Operación Digitador en la provincia de Manabí. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que una presunta red de corrupción desarticulada en Manabí habría generado un perjuicio superior a 5 millones de dólares al Estado mediante la emisión irregular de documentos de tránsito en los cantones de Jipijapa, Bolívar y San Vicente. La intervención policial incluyó 18 allanamientos ejecutados durante la madrugada, cinco de ellos en instituciones públicas, y dejó como resultado la aprehensión de 13 personas.
Según las investigaciones, la organización estaba integrada por funcionarios vinculados a entidades de tránsito de los tres cantones y por tramitadores externos. Los involucrados habrían cobrado entre 100 y 150 dólares por trámite para agilizar procesos y evadir requisitos legales y técnicos relacionados con matrículas, revisiones vehiculares, licencias y traspasos de dominio.
El Gobierno señaló que estas prácticas afectaban directamente a los usuarios que realizaban sus trámites de manera regular. De acuerdo con las autoridades, era frecuente que se informara a los ciudadanos que el sistema se encontraba fuera de servicio, mientras los integrantes de la red gestionaban procedimientos por vías irregulares, generando demoras y perjuicios para quienes cumplían con los procesos establecidos.
Reimberg explicó que la investigación comenzó en agosto de 2025 tras una denuncia presentada a través de la línea 1800 Delito. Los seguimientos posteriores permitieron identificar el supuesto funcionamiento de la estructura en los tres cantones manabitas. Además, los investigadores detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos reportados por Ángela Plúa, incluyendo más de 2,6 millones de dólares sin justificación aparente, un elemento que reforzó la hipótesis de una organización dedicada a actividades ilícitas de manera sostenida.
