El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 87 votos afirmativos el informe de fiscalización sobre la crisis energética nacional 2024, que recomienda al gobierno tomar medidas urgentes para solucionar los problemas estructurales del sector eléctrico. Entre las principales resoluciones, se destacó la importancia de realizar todas las obras complementarias, de contención y mitigación necesarias para garantizar la vida útil de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ha sido crucial en la generación de energía del país.
Coca Codo Sinclair, que cuenta con una capacidad de 1.500 MW, ha sido la mayor proveedora de energía del sistema interconectado desde su operación en 2016. En 2023 marcó un récord de generación, y en 2024 ha superado esas cifras, excepto durante el mes de mayo. La central representa el pilar fundamental para cubrir la demanda eléctrica del país.
No obstante, el informe señaló que la falta de inversión en el sector energético durante los gobiernos de los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, así como en la actual administración de Daniel Noboa, ha limitado la capacidad de oferta de energía, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema. La comisión advirtió que si no se gestionan cerca de 1.000 MW adicionales, los apagones podrían repetirse a finales de este año, dependiendo de las condiciones climáticas.
Entre las recomendaciones se incluye un llamado al Ministerio de Finanzas para que regularice los valores adeudados a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), a fin de que se puedan realizar las inversiones contempladas en el Plan Maestro Eléctrico. Asimismo, se exhortó al presidente de la República a revisar la política de descuento del 50% sobre los valores generados durante la crisis eléctrica, que ha afectado a usuarios en la región costera debido a los aumentos tarifarios.
El informe también subraya la necesidad de mayor transparencia y criticó la falta de información sobre la gestión de las autoridades en relación con el sector eléctrico. Pamela Aguirre, ponente del informe, advirtió que los apagones, que iniciaron en septiembre, fueron consecuencia de la inacción del gobierno frente al estiaje, y señaló que el país mantiene un déficit de 900 MW de generación.
Finalmente, la resolución insta a los ministerios de Energía y Finanzas, así como a las autoridades del sector eléctrico, a remitir un informe detallado a la Asamblea Nacional en un plazo de 60 días, indicando las acciones emprendidas para atender las conclusiones del informe.
Informa Ecuador
