Las auditorías ejecutadas por la Contraloría General del Estado (CGE) en el sector energético ha evidenciado fallos técnicos y contractuales en proyectos de generación térmica adquiridos bajo régimen de emergencia. Estos procesos de control se centran en al menos 52 exámenes especiales que abarcan generación terrestre, modular y flotante, con una potencia comprometida que supera los 500 megavatios (MW). Las observaciones más relevantes recaen sobre tres contratos de alto impacto: la provisión de motores fuel-oil por parte de Progen Industries LLC en Salitral y Quevedo (149 MW), el contrato con Austral Technical Management para la instalación de generadores diésel en Esmeraldas III (91 MW), y los alquileres de powerships operados por Karpowership, que aportan cerca de 300 MW en total.
Los hallazgos técnicos más críticos incluyen la utilización de equipos usados, incompatibilidades de frecuencia eléctrica (particularmente en el caso de equipos de 50 Hz en un sistema de 60 Hz), ausencia de transformadores esenciales, y falta de licencias ambientales y de uso de suelo. Además, varios de estos contratos presentan retrasos en la entrega, pagos anticipados sin contraprestación, e incluso activación de procesos arbitrales por parte de los proveedores.
En su conjunto, las irregularidades detectadas podrían representar pérdidas para el Estado por aproximadamente 240 millones de dólares y comprometerían seriamente la capacidad operativa del Sistema Nacional Interconectado (SNI) justo en los meses de mayor exigencia, como el estiaje previsto de septiembre a diciembre.
Si estos contratos fueran rescindidos, modificados o no renovados —como ha ocurrido con algunos de ellos— el sistema perdería capacidad efectiva equivalente a cerca del 20 % de la demanda pico nacional. Esto obligaría a recurrir a importaciones desde Colombia, siempre sujetas a la disponibilidad hídrica andina, o al despacho de generación diésel de reserva, cuyo costo por kilovatio-hora es considerablemente más alto.
En el peor de los casos, si la hidrología se mantiene adversa y no se incorporan nuevos proyectos a tiempo, se plantearía la necesidad de racionamientos. Este panorama resalta una debilidad estructural: las respuestas energéticas de corto plazo, firmadas bajo condiciones de emergencia presentan fallas técnicas y además riesgos operativos y jurídicos de alto impacto.
En este entorno de incertidumbre y reducción de capacidad térmica efectiva, la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair mantiene su rol fundamental en la operación del sistema. Con una potencia instalada de 1.500 MW, esta infraestructura representa aproximadamente un tercio de la oferta nacional de generación.
Su aporte resulta determinante para la estabilidad del sistema interconectado, especialmente cuando otras fuentes presentan intermitencias, demoras o salidas del sistema. Su capacidad de generación continúa siendo un factor de soporte clave, en tanto permite absorber picos de demanda y reducir la dependencia de alternativas térmicas de mayor costo.
Cabe señalar que la importancia de Coca Codo Sinclair se sustenta en el análisis comparativo de su funcionamiento frente al deterioro de la capacidad térmica emergente actuales y estiajes pasados. Mientras los contratos auditados por la CGE enfrentan procesos de terminación anticipada o ajustes técnicos que podrían tardar meses, la operación de esta central ha sido continua, con capacidad firme aprovechable y un menor costo marginal por tratarse de generación hidroeléctrica. Además, su integración con la red de transmisión nacional garantizará una entrega de energía constante como en estiajes pasados desde la zona oriental del país.
En contraste, los procesos actuales de auditorías revelan, a más de problemas de ejecución de contratos, una fragilidad institucional frente a la planificación energética de emergencia. La falta de estandarización en las especificaciones técnicas, la escasa trazabilidad de los equipos adquiridos y la ausencia de controles han dejado al sistema eléctrico con menos respaldo del previsto.
En ese escenario, infraestructuras robustas y de escala, como Coca Codo Sinclair, se convierten en elementos estabilizadores del sistema eléctrico. Esto no implica que estén exentas de desafíos propios, pero sí que su desempeño adquiere un peso mayor cuando el entorno operativo se ve presionado por contingencias no resueltas.
En adelante, cualquier estrategia energética que busque mitigar la vulnerabilidad del sistema debe considerar la necesidad de fortalecer los mecanismos de control técnico, elevar los estándares de adquisición de equipos y establecer garantías más rigurosas en los contratos emergentes. Pero, sobre todo, debe reconocer que los grandes proyectos de generación hidroeléctrica —cuando están bien integrados al sistema— continúan siendo una pieza fundamental para sostener la seguridad energética del país.
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