La audiencia preparatoria de juicio celebrada el pasado 27 de agosto en el caso conocido inicialmente como “INA Papers” —y rebautizado por la Fiscalía como “Sinohydro”— ha dejado al descubierto inconsistencias jurídicas que, según expertos y observadores independientes, comprometen gravemente el debido proceso y la legitimidad institucional del caso.
Nulidad insubsanable: ¿Un caso sin piso constitucional?
Durante la audiencia, la defensa del expresidente Lenín Moreno presentó una solicitud de nulidad por falta de autorización de la Asamblea Nacional para el enjuiciamiento penal, como exige el artículo 120 numeral 10 de la Constitución.
Esta omisión, que no ha sido subsanada ni justificada, convierte al proceso en jurídicamente inviable, según juristas consultados.
“No existe antecedente alguno en el que se haya omitido esta autorización sin que ello derive en la nulidad del proceso. La Fiscalía no puede saltarse el marco constitucional por conveniencia procesal”, señaló un constitucionalista que prefirió mantener el anonimato.
La figura de cohecho bajo cuestionamiento
Uno de los pilares de la acusación es la supuesta recepción de pagos indebidos por parte de los procesados. Sin embargo, el tipo penal de cohecho exige que los involucrados sean servidores públicos en funciones y que los recursos provengan del erario nacional. En este caso, ni lo uno ni lo otro se cumple.
“No se trata de dinero público ni de funcionarios activos. La figura de cohecho simplemente no aplica. Forzarla es una distorsión jurídica”, afirmó el Observatorio de Justicia liderado por la abogada Lolo Miño, que ha seguido el caso de cerca.
Daño reputacional: ¿Por qué el cambio de nombre?
La decisión de la Fiscalía de renombrar el caso como “Sinohydro” ha generado rechazo entre analistas y representantes del sector empresarial.
La empresa china no está formalmente procesada ni ha sido llamada a juicio, pero su nombre ha sido vinculado mediáticamente al caso, generando un daño reputacional.
“Este tipo de etiquetado judicial sin sustento procesal vulnera principios básicos de presunción de inocencia y afecta relaciones bilaterales y comerciales”, advirtió un vocero del sector diplomático.
Un proceso dilatado y sin rumbo
Con más de 490 cuerpos procesales y una pausa que excedió los dos años, el caso ha sido calificado por varios actores como “muerto jurídicamente”. La falta de avances sustantivos y la acumulación de vicios procesales refuerzan la percepción de que se trata más de una estrategia de desgaste que de una búsqueda legítima de justicia.
El caso Sinohydro, antes INA Papers, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la judicialización sin rigor técnico puede erosionar la institucionalidad, vulnerar derechos fundamentales y generar efectos colaterales en actores no implicados. La justicia, para ser legítima, debe ser impecable en su forma.
