Para el 27 de agosto es la nueva convocatoria a la dilatada audiencia preparatoria de juicio del caso mal llamado Sinohydro por la Fiscalía General y cuyo nombre original fue INA Papers.
Es proceso habla de una supuesta red de corrupción que involucra a 37 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno y mezcla temas de derecho público y privado, sin que finalmente señale a la empresa constructora china Sinohydro, contratada para ejecutar el megaproyecto Coca Codo Sinclair bajo estrictos términos de financiamiento y ejecución internacional y cuyo rendimiento y generación desde que entró en operación en 2016 ha mantenido conectado al 30% del país, incluso en tiempos de grave estiaje.
¿Qué se omite en el relato oficial? Sinohydro, como contratista internacional, operó bajo el modelo “llave en mano” con financiamiento del Eximbank de China, lo que implicó una supervisión técnica y financiera externa.
La empresa cumplió con los hitos contractuales establecidos, y cualquier transferencia de fondos a terceros fue realizada en el marco de contratos de representación y consultoría autorizados por las autoridades ecuatorianas de la época.
La institucionalidad queda en entredicho cuando la Fiscalía ha centrado su acusación en intermediarios locales y exfuncionarios, sin establecer una responsabilidad directa de Sinohydro como sujeto procesal.
Las audiencias han sido postergadas reiteradamente, lo que ha generado sospechas sobre su uso como herramienta de presión política o distracción mediática.
Esto lleva a preguntarse si estamos ante un caso de justicia o espectáculo. La justicia ecuatoriana ha mostrado inconsistencias: medidas cautelares que se aplican de forma desigual, audiencias suspendidas por tecnicismos y una narrativa que parece más interesada en alimentar titulares que en esclarecer responsabilidades reales. Mientras tanto, Sinohydro no ha sido llamado a juicio ni se ha presentado evidencia concluyente que demuestre su participación activa en actos ilícitos.
Este caso revela más sobre las debilidades estructurales de la institucionalidad ecuatoriana. La justicia, lejos de ser un instrumento de verdad, parece operar como un dispositivo de coyuntura, coinciden expertos.
