El riesgo de privatizar el campo Sacha
El Comité de Licitaciones de Hidrocarburos (COLH) se reunió el 25 de febrero para resolver la adjudicación directa, sin concurso, del campo Sacha. Este campo, el más productivo del país, sería concesionado un consorcio internacional formado por Amodaimi Oil (subsidiaria de Sinopec) y Petrolia Ecuador (filial de la canadiense New Stratus Energy).
Según un informe de auditoría extranjera revelado por el portal Primicias, esta concesión significaría para el país una pérdida que podría superar los 8 mil millones de dólares. La organización de trabajadores de las empresas de energía y petróleo de Ecuador, ANTEP, denunció que este acuerdo sería «el nuevo y más moderno atraco al país».
Términos injustos para el país
Actualmente, el Estado ecuatoriano posee el 100% de la producción de Sacha. Sin embargo, según los últimos informes de Primicias, los nuevos términos de negociación con este consorcio permitirían que el país reciba solo un 12.5% de la producción. Las empresas privadas recibirían el 87.5%, si el precio del barril es de 62 dólares.
En otras palabras, de cada 100 barriles extraídos de Sacha, 87.5 barriles irían al consorcio y 12.5 barriles al Estado. Si el precio del petróleo sube, la participación del Estado aumentaría, pero solo hasta un máximo del 20%. Para llegar a ese porcentaje, el precio del barril tendría que ser de 120 dólares, algo que solo ocurrió durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el precio promedio del barril WTI en 2024 fue de 75.88 dólares.
Actualmente, Sacha genera al Estado ingresos brutos de aproximadamente USD 1.928 millones al año, a un costo de producción inferior a 7 dólares por barril. El Frente de Defensa del Petróleo Ecuatoriano, ANTEP, y el abogado Washington Andrade han advertido que esta concesión no solo representaría pérdidas económicas, sino que también incluiría una cláusula de arbitraje internacional que contravendría la Constitución del Ecuador.
El Estado pierde mucho más de lo que gana
La propuesta del consorcio incluye un bono anticipado de 1.500 millones de dólares e inversiones de 1.750 millones de dólares durante los 20 años del contrato. Con esta inversión, se aumentaría la producción de los 77.191 barriles diarios actuales a 100.000 barriles diarios.
Sin embargo, este nuevo esquema de reparto no solo se aplicaría a los 23.000 barriles diarios adicionales, sino también a toda la producción del campo. Es decir, se aplicaría a la producción actual, por la cual el Estado ha invertido y la compañía no ha puesto dinero.
Los porcentajes de participación del Estado serían más bajos que el 26.65% que recibía en promedio en el bloque 15, Edén Yuturi y Limoncocha, cuando esas áreas eran operadas por la petrolera estadounidense Occidental.
A diferencia de Sacha, que ya está en producción y donde las reservas están probadas, el bloque 15 no estaba en producción cuando fue adjudicado a Occidental en 1985. Las reservas eran desconocidas, lo que representaba una inversión de alto riesgo. La empresa privada asumió el 100% de las inversiones en el bloque 15, mientras que el Estado no aportó dinero.
La defensa del gobierno: una justificación inaceptable
A pesar de que el consorcio chino-canadiense recibiría una gran parte de la producción de Sacha, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, defendió el acuerdo. Aseguró que los beneficios para el país deben calcularse en función de la renta petrolera (utilidad final) y no solo en la producción. «No nos interesa el volumen de crudo que se lleve la compañía, sino que tengan una producción incremental, alta, para que recibamos renta petrolera», afirmó.
Ferreira también argumentó que el consorcio realizará una «inversión significativa» en la modernización de la infraestructura, como el reemplazo del 60% de los tanques en condiciones críticas y la modernización de los sistemas de incendios. Además, dijo que se invertiría en proyectos para recuperar pasivos ambientales en el campo y aprovechar el gas de más de 80 mecheros que actualmente queman gas al aire libre.
Sin embargo, los datos de la petrolera estatal Petroecuador contradicen estas afirmaciones. Durante los últimos cuatro años, la producción de Sacha ha aumentado un 31%, pasando de 63.921 barriles diarios a 77.191 barriles diarios.
Utilidad del Estado según el Gobierno si se concesiona Sacha
El viceministro Ferreira indicó que la normativa de Ecuador establece que el Estado debe recibir al menos el 51% de la renta petrolera si se delegan los campos. En este caso, sin embargo, se habría negociado un 82%, es decir, 31 puntos porcentuales más de lo que la ley establece.
Según Ferreira, con esta negociación, el Estado obtendrá una utilidad de 6.314 millones de dólares en los 20 años del contrato, lo que equivale al 82% de la renta petrolera generada por el campo. Esta cifra incluye todos los impuestos que pagará el consorcio al Estado, a excepción del IVA y el ISD.
Auditoría de reservas de Sacha habla de ingresos superiores
Una auditoría internacional contratada por Petroecuador revela que si el Estado mantuviera el control de Sacha, los ingresos podrían ascender a 14.941 millones de dólares. Incluso si solo se produjeran las reservas probadas de 262 millones de barriles, los ingresos para el país serían de 10.940 millones, cifras superiores a los 6.314 millones previstos con la concesión al consorcio.
La auditoría, realizada por la firma Netherland, Sewell & Associates (NSAI), certificó en mayo de 2022 que Sacha podría generar ingresos mucho más altos para el Estado si se mantiene bajo control de Petroecuador.
El camino correcto: mantener Sacha bajo control del Estado
El argumento de que la empresa privada asumirá el riesgo de modernizar la infraestructura es un error. El verdadero riesgo radica en perder el control de uno de nuestros mayores recursos naturales. Sacha es un activo estratégico para Ecuador y debe seguir siendo administrado por el Estado. Solo así sus ingresos se destinarán al bienestar colectivo y al desarrollo de nuestra nación.
