El campo Sacha, uno de los yacimientos petroleros más productivos del país, se encuentra en el centro de una polémica que podría significar una pérdida millonaria para el Estado ecuatoriano. Las denuncias sobre la irregularidad en la concesión de este campo apuntan a un posible perjuicio económico de alrededor de 1.600 millones de dólares si el yacimiento se entrega a una empresa privada.
Irregularidades en la concesión
En diciembre de 2024, mediante el acuerdo Ministerial 040, se dispuso que Petroecuador entregara el control del campo Sacha al Ministerio de Energía, quien a su vez lo adjudicaría a una empresa privada. Sin embargo, diversas organizaciones sociales y sindicales, como el Frente de Defensa del Petróleo Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas Públicas (ANTEP), denuncian que este proceso no cumple con los requisitos legales y carece de transparencia.
Denuncias de extrabajadores
David Almeida, extrabajador de Petroecuador, ha denunciado que fue despedido tras alertar sobre estas irregularidades. Según Almeida, el acuerdo ministerial 040 no cuenta con informes técnicos de Petroecuador que justifiquen la necesidad de privatizar el campo.
De hecho, Sacha ha mostrado un incremento significativo en su producción, pasando de 60.000 a 77.000 barriles diarios en los últimos años. La empresa estatal tenía incluso proyecciones para llegar a los 100.000 barriles diarios, lo que desmentiría la necesidad de concesión privada.
Reducción de Inversiones
Un informe de la Plataforma Va por Ti Ecuador respalda las denuncias de Almeida al revelar una disminución en las inversiones en el campo Sacha desde 2017.
En comparación con el gobierno de la Revolución Ciudadana, que destinó 231 millones de dólares en 2016, las inversiones de los gobiernos posteriores han disminuido en más de un 50%. Esta disminución de inversiones se argumenta como un “autosabotaje” para justificar la privatización del campo, tal como lo denuncia Almeida.
Los beneficios para los privados
La asambleísta Mónica Palacios ha señalado que la reducción de inversiones en Sacha es parte de una estrategia del Gobierno para justificar que una empresa privada se haga con el control del campo. Se teme que la empresa que obtenga la concesión no solo se quede con el control de la producción, sino también con el 20% de la producción diaria, es decir, más de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que beneficiaría a los empresarios privados a costa del patrimonio ecuatoriano.
Riesgos legales
Además de las irregularidades económicas, el abogado Washington Andrade ha advertido que el contrato de concesión podría incluir una cláusula de arbitraje internacional. Esto contravendría la Constitución del Ecuador, que prohíbe el arbitraje internacional, y podría obligar al país a pagar millonarias indemnizaciones a empresas extranjeras. Un riesgo adicional para los ecuatorianos que rechazan el uso de estos mecanismos.
Falta de transparencia del Gobierno
Durante la sesión convocada por la Comisión de Fiscalización, se evidenció la falta de compromiso del Gobierno con la transparencia, ya que los ministros responsables del área energética y económica no asistieron.
Según la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, el Gobierno no ha demostrado con hechos que Petroecuador no tenga la capacidad para seguir operando el campo, lo que deja en evidencia las posibles intenciones de privatización.
Defensa de la concesión
Por otro lado, la asambleísta oficialista Nataly Morillo defendió la concesión del campo Sacha, alegando que Petroecuador no tiene la capacidad de mejorar la producción. Sin embargo, las denuncias de los sindicatos y organizaciones sociales señalan que el país y la Amazonía se verían gravemente perjudicados si el control del campo se entrega a la empresa privada.
¿Qué está en juego?
Ubicado en la provincia de Orellana, el campo Sacha es uno de los yacimientos más productivos de Ecuador, con una producción de 77.000 barriles diarios. Este campo genera más de 1.500 millones de dólares al año, a un costo de producción inferior a 7 dólares por barril.
Si el control pasa a manos privadas, el país podría enfrentar pérdidas de hasta 1.600 millones de dólares, un golpe directo al patrimonio nacional.
El futuro de Sacha está en manos de quienes defienden su nacionalización, y los próximos pasos serán cruciales para determinar si el campo continuará siendo parte del patrimonio ecuatoriano o se entregará a intereses privados.
