La Asamblea Nacional aprobó, con 142 votos a favor y una abstención, la conformación de una comisión multipartidista para fiscalizar el caso Dedalus. La investigación se centrará en las contrataciones vinculadas al Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en medio de cuestionamientos al proceso para contratar una plataforma tecnológica para el sistema nacional de salud por más de USD 240 millones.
En el Sistema Oficial de Contratación Pública consta el proceso RE-CEP-MSP-2026-003, impulsado por el MSP para implementar, operar y brindar soporte a una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud, además de infraestructura tecnológica y conectividad. El proceso registra un presupuesto referencial de USD 240.262.377, sin IVA. Aunque el cronograma establecía el 9 de septiembre como fecha estimada de adjudicación, una captura del portal correspondiente al 8 de septiembre mostraba el estado «Adjudicado – Registro de Contratos».
La asambleísta Eliana Correa cuestionó la rapidez del procedimiento y afirmó que la adjudicación habría beneficiado a una «empresa cerrada». Estos señalamientos deberán ser contrastados durante la fiscalización. La comisión tendrá entre sus tareas solicitar documentación, revisar los contratos y sus condiciones, y convocar a funcionarios y otros actores relacionados con el proceso para determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades.
Los cuestionamientos también fueron planteados por el excandidato presidencial Andrés Arauz, quien calificó la operación como un «nuevo atraco al país». Según Arauz, Dedalus habría presentado inicialmente al Ministerio de Salud una oferta de USD 117 millones por el software hospitalario y posteriormente una propuesta de USD 240 millones por el mismo servicio. También cuestionó la contratación a través de CNT, las condiciones de operación de la empresa y las garantías del contrato. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de Arauz y deberán ser verificadas por las autoridades durante la investigación legislativa.
