Dos amotinamientos registrados la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 en cárceles de Latacunga y Quito dejaron ocho personas privadas de libertad asesinadas y otras diez heridas, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Cuatro reclusos murieron en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, en Latacunga, y otros cuatro en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1, conocido como El Inca, en Quito. El SNAI indicó que los heridos reciben atención médica y que los presuntos responsables fueron identificados. Según la entidad, serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro. Mientras tanto, el Bloque de Seguridad ejecuta operativos para restablecer el orden en los dos centros penitenciarios.
La periodista Karol Noroña identificó a cuatro de las víctimas de la cárcel de Latacunga: Edison Mejía Defaz, quien habría sido asfixiado en la etapa Libertadores; y Jean Pierre Mejía, José Daniel Sánchez y William Ledesma, quienes habrían sido asesinados con armas de fuego en la etapa A1A, de mínima seguridad. Según Noroña, videos recibidos de fuentes penitenciarias mostrarían que no se trató de simples intentos de amotinamiento, sino de ataques armados planificados. La periodista afirmó que las víctimas fueron asesinadas a tiros y con otras armas.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, vinculó los hechos con la detención de la excandidata presidencial Luisa González, sin presentar pruebas que respalden esa relación. En una publicación en X, cuestionó que los incidentes ocurrieran el mismo día de la detención y afirmó que el Estado no permitirá que el crimen organizado ni sus supuestos aliados políticos lo desafíen.
La seguridad de las cárceles es responsabilidad del Estado. Desde enero de 2024, durante el Gobierno de Daniel Noboa, las Fuerzas Armadas participan en el control de los centros penitenciarios. En mayo de ese año, además, se dispuso el control militar permanente de armas, municiones y explosivos en los accesos a las cárceles, en cumplimiento de lo aprobado en la consulta popular. Pese a estas medidas, los episodios de violencia y los problemas de seguridad persisten en el sistema penitenciario ecuatoriano.
