Que la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, renuncie a su cargo hace unos días ya causó sorpresa. Dejaba el cargo haciendo, como la ha caracterizado, un anuncio muy mediático en que reiteraba la persecución y amenazas de las que ha sido víctima a causa de su férrea imagen a cargo de la entidad. Esto le había quitado libertad, dijo y ya se refirió a una decisión de vivir fuera del país.
En su gestión de seis años trató temas complejos unos, con dedicatoria todos, a velocidad extrema algunos, con sorprendente lentitud otros (Véase el caso “Sinohydro”, al que decidió llamar así por su obra y gracia, sin fundamento alguno.
La siguiente sorpresa vendría unos días después con la difusión del decreto ejecutivo 634 que la nombraba embajadora de Ecuador en Argentina dentro de la cuota política del gobierno presidido por Daniel Noboa Azín.
Y la tercera sorpresa fue la más grande: el benepláticodel gobierno argentino, trámite que debe cumplirse para ocupar el cargo diplomático, estaba dado desde el 29 de enero de 2024. Hace más de un año. Mientras Salazar, sabiéndose ya funcionaria del gobierno, seguía actuando como Fiscal.
Tres sorpresas en este hecho y las dos últimas hablan de todo menos de independencia, objetividad y libertad de actuación.
La ex Fiscal, primera mujer en el puesto, desde su cargo diplomático, se mantiene mediática como siempre, y ha dicho sin más que es “una transición”.
Cataloga a su nueva función como respuesta al llamado del servicio público y en sus declaraciones a medios ecuatorianos e internacionales no aborda nunca la necesaria independencia de la que debe hacer gala una fiscal de hierro como quiso que la vean y que le mereció hasta reconocimientos del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden destacando su labor anticorrupción. ¿Se lo podrían dar tras este doble papel de Fiscal y funcionaria gubernamental? ¿No podría haber al menos conflicto de intereses en el doble rol asumido desde hace 15 meses?
«Siendo la seguridad un tema importante, no solo para mi familia y para mí, esta decisión, esta transición, nos brinda tranquilidad, mientras seguimos al servicio del país», dijo la ex Fiscal, sin topar temas relativos a la ética, a seguir de “fuerte” fiscalizadora cuando sabía que era juez y parte.
¿Cómo evitar que las decisiones tomadas por la Fiscalía estén influenciadas por el hecho de que había sido postulada y aceptada como funcionaria del gobierno de turno en la representación diplomática?
Esta “transición” de la que habla Salazar deja por lo menos mucha tela por cortar. Habría que revisar qué casos se emprendieron desde la Fiscalía en ese tiempo (solo en los 15 meses, pues para muestra, un botón), cuáles se abandonaron, los más mediáticos, los más bullados y establecer si con el doble papel que ha tuvo por más de 15 meses, pudo mantener la independencia en etapa de campaña electoral y de fuerte polarización del Ecuador.
FIN
