Una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía la madrugada del miércoles 28 de enero de 2026 contra integrantes de la Revolución Ciudadana, generó múltiples reacciones. El caso, bautizado por la Fiscalía como “Caja Chica”, investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió al tema en su cuenta de la red social X:
“Se nota que les dolió mi video de ayer. Estoy seguro que la agenda de esta semana no era esta sino mi audiencia”, en referencia a la audiencia por el caso Triple A prevista para el 31 de enero en Quito.
Álvarez calificó los allanamientos como una burda persecución y lamentó que el país viva “lleno de inventos y cero gestión”. Además cuestionó por qué no se han tomado acciones legales contra Progen y Austral, empresas que recibieron USD 280 millones durante la crisis energética y cuyos proyectos termoeléctricos nunca funcionaron.
El alcalde agregó:
“Más allá de las discusiones que he tenido con Luisa, le mando un abrazo y a resistir. A la hora de la hora, por más que quieran hacer algo, siempre la verdad estará de quien tenga la verdad”.
Por su parte, la nueva presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, calificó la actuación de la Fiscalía como “vergonzosa” y afirmó que se trata de persecución judicial utilizada para distraer frente a los escándalos que involucran a la familia presidencial. Rivadeneira expresó su respaldo a Luisa González, Andrés Arauz, Suad Mansur y Patricio Chávez, cuyos domicilios fueron allanados tras la denuncia anónima.
El expresidente Rafael Correa señaló:
“¡Ni en las peores dictaduras! Por una denuncia del mes de noviembre con reserva de identidad, la Fiscalía ordena allanamientos a nuestro asambleísta por Pichincha, Patricio Chávez, a los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Aráuz, a la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur y a varias personas más. Ya basta”.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, añadió:
“Ya basta de politizar la justicia y judicializar la política. Mi plena solidaridad con compañeros y compañeras víctimas de una persecución política que no busca verdad ni justicia, sino intimidar y silenciar a la Revolución Ciudadana. Lo urgente es atender las crisis que enfrenta el país. La gente clama por seguridad, empleo, salud y acciones que mejoren nuestras vidas. Confiar en la justicia debe ser sagrado, pero si se la usa como arma política, se derrumba un pilar básico de la sociedad”.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también expresó su respaldo:
“Mi solidaridad con Andrés, Luisa, Patricio y Suad, compañeros que hoy son víctimas de persecución judicial. Cuando el país demanda con urgencia que este gobierno haga algo por la seguridad y enfrente la verdadera lucha contra el crimen organizado, priorizan su agenda política. Esto debe parar”.
El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, aseguró:
“Mientras los problemas del país se agudizan todos los días, la agenda política y mediática de persecución continúa. La judicialización de la política para intimidar adversarios no fortalece la democracia, la debilita. Nuestra solidaridad con Andrés, Aquiles, Pabel, Luisa y los perseguidos. En Ecuador, pensar distinto no puede ser delito”.
Pronunciamientos de juristas
Varios expertos legales también se pronunciaron sobre los allanamientos:
El Dr. Ramiro García cuestionó:
“¿Para esto quedó la Fiscalía? Pagan 250 millones por generadores que no sirven, presionan jueces en favor de narcos, utilizan sirvientas para adjudicarse terrenos a precio de huevo y allanan a adversarios políticos por una supuesta infracción electoral”.
El Dr. Julio César Cueva agregó:
“Estoy de acuerdo con los allanamientos cuando existen indicios o evidencias reales. El problema es que en Ecuador eso no ocurre. La Fiscalía actúa con una selectividad que raya en la desvergüenza: solo allana a los adversarios del Gobierno, mientras otros gozan de sospechosa inmunidad. Cuando la persecución penal se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser instrumento político”.
La Dra. Mónica Luzárraga afirmó:
“Cuesta dimensionar el nivel de frustración que provoca ver el doble rasero en las investigaciones en este país. La corrupción con Noboa ha alcanzado un descaro absoluto y aun así, quienes deberían perseguir delitos miran hacia otro lado. Tener poder no sirve de nada si no se persiguen delitos sino personas por su afiliación política. Esto solo devela lo que son: títeres. Con ese camino, es casi inevitable que los perseguidores de hoy terminen siendo los perseguidos de mañana”.
