La suspensión de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador está generando sobrecostos diarios cercanos a los USD 2 millones. Esto se debe a que el país debe reemplazar la energía colombiana por alternativas más caras y con mayor impacto fiscal.
La energía que Colombia exportaba se ofrecía a precios competitivos, aprovechando la complementariedad entre los sistemas eléctricos y la capacidad del país vecino para suministrar excedentes desde una matriz diversificada, con alta participación de fuentes hídricas y renovables. La interrupción de estos intercambios ha obligado a Ecuador a depender de generación térmica y otras fuentes de mayor costo.
Desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia se ha reiterado que el país ha actuado con responsabilidad técnica y transparencia, priorizando su seguridad energética, pero manteniendo la disposición a la integración regional bajo reglas claras y decisiones coordinadas.
La viceministra de Energía de Colombia, Karen Schutt, señaló que la suspensión tiene un impacto económico directo para Ecuador:
“Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los dos millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas”.
Schutt enfatizó que la interconexión eléctrica es un mecanismo de eficiencia económica y seguridad energética para la región.
“La integración energética permite reducir costos y fortalecer la confiabilidad de los sistemas. Cuando se interrumpe de manera unilateral, los efectos se reflejan inmediatamente en mayores costos para los países y sus ciudadanos”, agregó.
El Gobierno de Colombia ha insistido en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales, levantar las restricciones que afectan a ambos países y avanzar en soluciones concertadas. Medidas como el aumento de hasta el 900% en las condiciones del crudo hacia Ecuador y la suspensión de intercambios energéticos no fortalecen la integración ni benefician a los ciudadanos.
