En un país donde los nombres de los casos judiciales pueden marcar el destino reputacional de instituciones, empresas y gobiernos, la ex Fiscal General Diana Salazar ha demostrado una capacidad inquietante para manipular el lenguaje jurídico con fines que muchos consideran políticos. Su historial, lejos de ser una muestra de imparcialidad, revela una tendencia a rebautizar procesos judiciales con etiquetas mediáticas que desvían el foco y distorsionan la verdad.
Nombres que condenan sin juicio
- Caso Encuentro: Nombrado así por Salazar en 2022, este proceso obligó al gobierno de Guillermo Lasso a abandonar su eslogan institucional “Gobierno del Encuentro”. El caso no tenía relación directa con la narrativa gubernamental, pero el impacto simbólico fue devastador.
- Caso Fybeca: Las desapariciones forzadas ocurrieron en un local de la cadena, pero la empresa no tenía vinculación con los hechos. Aun así, el nombre quedó grabado en la memoria colectiva como sinónimo de crimen de Estado.
- Caso Sinohydro: Originalmente conocido como INA Papers, por las iniciales de las hijas del expresidente Lenín Moreno, fue rebautizado por Salazar como “Sinohydro”, implicando a una empresa china sin que esta fuera parte procesal. El resultado: cada vez que se reactiva el caso, la reputación de la empresa sufre un golpe injustificado.
¿Fiscal o embajadora?
En mayo de 2025, Diana Salazar dejó el cargo de Fiscal General para asumir como embajadora de Ecuador en Argentina, una designación política otorgada por el gobierno de Daniel Noboa. Lo alarmante es que durante un año ejerció ambos roles, en abierta contradicción con los principios de independencia y probidad que exige la Fiscalía. ¿Cómo puede garantizarse la imparcialidad de una funcionaria que representa simultáneamente los intereses de un gobierno?
¿Constituyente con dedicatoria?
Si el “Sí” gana en la consulta popular del domingo 17 de noviembre de 2025, Salazar encabezará la lista de ADN para la Asamblea Constituyente por Pichincha. El presidente Noboa lo anunció públicamente, primero sugiriendo que el texto constitucional sería redactado por ChatGPT, luego rectificando que serían “expertos”. Pero ¿qué tipo de experticia representa Salazar?
- Su tesis de grado ha sido objeto de controversia, cuestionada por falta de rigor y originalidad.
- Su historial como Fiscal incluye archivos masivos de causas contra expresidentes, incluyendo seis procesos contra Lenín Moreno cerrados por prescripción.
- Su doble rol como embajadora y Fiscal plantea serios conflictos de interés.
Si Salazar formara parte de la redacción constitucional, el país corre el riesgo de recibir un texto con dedicatoria, guiado por intereses polémicos. La manipulación de nombres judiciales, el uso político de cargos públicos y la falta de transparencia en su trayectoria son señales de alerta.
La Constitución no puede ser escrita por quienes han demostrado que el poder se ejerce sin contrapesos. Ecuador merece una Asamblea Constituyente que represente a la ciudadanía, no a las cuotas de poder. Fin
