La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que no existe un escenario cercano para retomar el diálogo con Colombia, en medio del impasse diplomático generado por la imposición por parte de Ecuador de aranceles del 30 % a las importaciones colombianas. A lo que el gobierno ecuatoriano denomina tasa de seguridad.
“No habrá diálogo cercano con Colombia”, sentenció la funcionaria al referirse a un eventual acercamiento bilateral.
Sommerfeld afirmó que Ecuador no ve una puerta abierta en el corto plazo mientras no exista un compromiso claro del Gobierno colombiano para reforzar los controles en la frontera común y compartir de manera efectiva la lucha contra el narcotráfico en zonas críticas.
Entre tanto, el presidente Daniel Noboa señaló que una eventual conversación con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, solo se concretará si existe “voluntad real” por parte de Colombia para atender las preocupaciones de seguridad planteadas por Ecuador.
El centro de la controversia es la denominada tasa de seguridad del 30 % anunciada por el Gobierno ecuatoriano, medida que fue respondida por Colombia con un arancel de similar magnitud aplicado a 23 productos, entre ellos arroz, aceite y fréjol.
Según el Gobierno ecuatoriano, la medida se sustenta en la falta de control del narcotráfico en la frontera por parte del país vecino, lo que ha trasladado la carga de estos esfuerzos al territorio nacional. En contraste, el presidente colombiano planteó que un primer punto de diálogo debería ser el control conjunto de los puertos marítimos ecuatorianos, desde donde la droga llega a Europa.
La canciller Sommerfeld reconoció que la aplicación de la tasa fue una decisión difícil debido a su impacto en el sector productivo, pero recalcó que la ausencia de cooperación de las autoridades colombianas hizo imperante su implementación.
De acuerdo con la Cancillería, la tasa de seguridad se enmarca dentro de las facultades del país y es concordante con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que permite a los Estados adoptar medidas necesarias para proteger sus intereses esenciales de seguridad en contextos de guerra o grave tensión internacional.
La institución explicó que el contexto de la medida responde a la compleja situación de la frontera binacional con Colombia y a la lucha contra el crimen organizado, intensificada desde la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador en enero de 2024.
