El llamado “caso INA” —rebautizado mediáticamente como “caso Sinohydro”— se ha convertido en uno de los procesos más emblemáticos de cómo la justicia ecuatoriana puede mantener con vida un expediente moribundo. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntos sobornos, terminó derivando en un proceso donde los indicios se diluyen, las notificaciones no avanzan y los plazos se agotan. Sin embargo, el caso sigue en titulares y en discursos políticos. La pregunta es inevitable: ¿cuál es el propósito real de sostenerlo?
El abogado Felipe Rodríguez, uno de los juristas que ha seguido el expediente desde sus inicios, ha sido categórico: “no existe figura de cohecho ni configuración típica del delito”. Según su análisis, las pruebas presentadas no permiten establecer una relación directa entre pagos ilícitos y decisiones públicas, y los elementos indiciarios carecen de la solidez que exige un caso penal. En otras palabras, el proceso no tiene cómo sostenerse jurídicamente. No hay dinero rastreado, no hay contraprestaciones verificables, y lo que queda es un relato sostenido más por el ruido político que por el rigor procesal.
A eso se suma un dato que habla por sí mismo: cerca del 33 % de los posibles acusados tiene más de 70 años de edad. En la práctica, muchos de ellos se encuentran fuera de capacidad activa de gestión pública o en situaciones de salud que imposibilitan su participación en audiencias. Algunos ni siquiera han sido formalmente notificados, pese a los años transcurridos desde que se anunció la apertura del caso. La inercia judicial contrasta con la falta de resultados concretos: ni condenas, ni nuevos hallazgos, ni avances en cooperación internacional. Todo apunta a que el expediente se mantiene abierto por razones ajenas a la justicia.
Esa prolongación forzada, en términos técnicos, equivale a un caso bajo “respiración artificial”. Cada cierto tiempo, una declaración, un informe o una filtración reactiva el tema mediáticamente, como si se tratara de un resorte útil para el discurso político del momento. Pero, detrás de la escenografía, el expediente no respira por sí mismo: se sostiene a base de titulares, no de pruebas. En palabras de Rodríguez, el proceso “no tiene materia penal viva”. Lo que queda es una herramienta narrativa, utilizada para mantener encendido un debate simbólico más que jurídico.
El trasfondo es político. Desde el principio, el caso INA fue instrumentalizado en la disputa entre facciones del poder, primero como arma contra el correísmo, luego como distractor en momentos de crisis institucional, y finalmente como un símbolo de “lucha anticorrupción” sin resultados tangibles. La mutación de su nombre —de INA Papers a Sinohydro— no fue casual: sirvió para mantener su resonancia pública mientras el contenido procesal se desvanecía. En esa transición, la narrativa importó más que la evidencia.
El riesgo de sostener un caso así es doble: por un lado, erosiona la credibilidad de la justicia, al mantener procesos sin sustento que terminan convertidos en espectáculos mediáticos; y por otro, distrae la atención de los verdaderos problemas estructurales del sistema penal y del sector eléctrico, donde sí existen irregularidades comprobables que permanecen impunes. Mientras tanto, el país sigue atrapado en un ciclo de escándalos que comienzan con estridencia y terminan en silencio.
A esta altura, hablar del “caso INA” es hablar de un expediente vacío con alta rentabilidad política. Su permanencia no busca justicia, sino utilidad: mantener viva una narrativa conveniente para ciertos actores y desgastante para otros. En un Estado que necesita transparencia y certezas, sostener casos muertos no es lucha anticorrupción, es simulacro. Y el simulacro, cuando se vuelve hábito, termina matando no solo los procesos judiciales, sino también la confianza en las instituciones que deberían garantizarlos.
