El caso INA papers que la fiscalía general del Estado decidió renombrar como “Sinohydro” en Ecuador ha sido objeto de controversia por las constantes prórrogas que impiden su avance. Este artículo identifica las acciones de la Fiscalía que ponen en duda los fundamentos del proceso y su motivación política.
La Fiscal Diana Salazar ha presentado este caso como un supuesto ejemplo de su compromiso en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, las repetidas prórrogas para el establecimiento oficial del caso han suscitado serias dudas sobre la solidez de las pruebas y las verdaderas intenciones.
La Fiscalía ha defendido las prórrogas alegando la complejidad del caso y la necesidad de reunir pruebas suficientes para asegurar un juicio justo y concluyente. Pero esta justificación ha perdido credibilidad a medida que el tiempo pasa sin avances en el proceso.
La falta de información de una de las partes involucradas ha impedido que el juicio proceda, lo que sugiere que la Fiscalía no contaba con pruebas suficientes desde el inicio. Esto plantea la sospecha de que el caso responde más a intereses políticos que a una verdadera intención de combatir el supuesto de “corrupción” en un momento de crisis institucional y desconfianza hacia el gobierno.
Este proceso incompleto, sin pruebas y muchísimas prórrogas surgió en un contexto turbulento en Ecuador, con crisis económicas y políticas que han debilitado la confianza en las instituciones gubernamentales. Más claramente, fue presentado en un momento estratégico para desviar la atención de otros problemas más urgentes o para fortalecer la imagen de la Fiscalía y del gobierno en turno.
Las constantes prórrogas no solo afectan la credibilidad de la Fiscalía, sino que impactan negativamente en la percepción de justicia en el país. Cada aplazamiento sin una resolución clara incrementa la desconfianza pública y perpetúa la idea de que la justicia en Ecuador es un problema insoluble.
La percepción pública es crucial en los casos que maneja la fiscalía. Y la falta de transparencia en el proceso judicial ha ido generando gran desconfianza, haciendo que se dude de la capacidad del sistema judicial para sancionar efectivamente y con pruebas contundentes a quien amerite hacerlo. Esto, a su vez, podría desmotivar futuras denuncias y fomentar una cultura de impunidad.
Mientras no se logre establecer un juicio con pruebas concluyentes y sin más demoras, el caso Sinohydro seguirá siendo un símbolo de la ineficacia y la manipulación política en el sistema judicial ecuatoriano, perpetuando la incertidumbre y el escepticismo en la población.
Informa Ecuador