El candidato presidencial Daniel Noboa ha intensificado sus presiones sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) en busca de una resolución que prohíba el uso de celulares dentro de los recintos electorales durante la segunda vuelta electoral programada para el 13 de abril de 2025. La medida, promovida por el Gobierno, se justifica por las supuestas denuncias de extorsión en el marco del proceso electoral, pero también ha generado controversias y dudas en torno a sus implicaciones.
Reunión entre el Gobierno y el CNE: el Gobierno exige medidas
El Ministro de Gobierno, Gian Carlo Loffredo, y el Ministro del Interior, John Reimberg, se reunieron con la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para presentar pruebas de las presuntas extorsiones vinculadas al proceso electoral.
Según Reimberg, esta medida “precautelará la integridad de los votantes” y evitaría posibles manipulaciones. Sin embargo, el Ministro fue enfático en señalar: “Si les estamos dando las causas, los motivos, yo no entiendo por qué todavía no lo han hecho. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué están protegiendo, o a quién?”
El CNE aún evalúa la situación
A pesar de la presión, el CNE continúa evaluando la posibilidad de implementar la prohibición de celulares en los recintos de votación.
El vocal José Cabrera señaló que se planeaba una reunión con las Fuerzas Armadas para abordar las denuncias, pero esta no se ha concretado. Además, Cabrera destacó que hasta el 25 de febrero, el organismo electoral no había recibido denuncias formales que sustenten las acusaciones de extorsión y chantaje.
¿Una estrategia política detrás de la medida?
Varios analistas y juristas han cuestionado la medida y sugieren que el verdadero objetivo del Gobierno es limitar el control electoral realizado por los delegados de los partidos políticos, en especial de la Revolución Ciudadana, que ya había tenido un rol activo en la primera vuelta.
Andrés Arauz, secretario del movimiento Revolución Ciudadana, expresó su preocupación: “Si prohíben entrar con celular al recinto, ¿Cómo van a hacer los delegados para sacar fotos de las actas? señaló.
¿Libertad o autoritarismo?
El jurista Joffre Campaña advirtió sobre el peligro de justificar restricciones a las libertades bajo el pretexto de combatir la extorsión. «Quieren combatir el chantaje, perfecto, metan presos y sancionen a los chantajistas, pero no usen ese pretexto para limitar el derecho a expresarnos libremente», afirmó.
Según Campaña, el uso de celulares es una herramienta esencial para garantizar la transparencia y la posibilidad de denunciar irregularidades.
La doble moral del Gobierno: ¿qué pruebas hay de la extorsión?
Aunque el Gobierno argumenta que la medida busca garantizar la seguridad y evitar manipulaciones en el proceso electoral, Noboa ha sido criticado por no presentar pruebas claras ante el CNE que respalden sus acusaciones de extorsión.
A la par, ha emergido la preocupación de que el Grupo Noboa, relacionado con el candidato presidencial, haya ejercido presiones sobre sus empleados exigiendo fotos de su voto para la renovación de contratos, lo que refuerza las sospechas de una posible manipulación en la votación.
La falta de acción del CNE ante otras irregularidades
Lo que más sorprende a la opinión pública es que, a pesar de las evidencias de extorsión y la violación reiterada de la normativa electoral por parte de Noboa (como la no solicitud de licencia para hacer campaña), el CNE no ha tomado acciones al respecto. Esto ha generado aún más desconfianza en el organismo electoral y sus capacidades para garantizar un proceso transparente.
La clave de la transparencia: el uso de celulares
Los ecuatorianos, al igual que el candidato Noboa, esperan una segunda vuelta electoral que respete la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, muchos consideran que la prohibición de los celulares sería un paso atrás en la lucha por la transparencia. Las grabaciones y fotos tomadas con teléfonos móviles son una herramienta crucial para evitar fraudes y para el control electoral, especialmente por parte de los delegados y vocales de las mesas.
Un proceso electoral bajo presión
El CNE se enfrenta a un dilema difícil. Mientras el Gobierno presiona por una medida que podría limitar el control electoral, la sociedad ecuatoriana reclama mayor transparencia y libertad para denunciar irregularidades.
La decisión sobre el uso de celulares en la segunda vuelta electoral será crucial no solo para garantizar la integridad del proceso, sino también para preservar las libertades civiles en un clima electoral tenso.
