El proceso conocido como INA Papers, rebautizado por la Fiscalía como “caso Sinohydro”, se ha convertido en un laberinto jurídico y comunicacional que amenaza con desbordar los límites de la justicia y la reputación institucional. La paradoja es evidente: se acusa bajo la figura de cohecho, pese a que no existen dineros públicos ni funcionarios involucrados, lo que convierte la tipificación en un artificio cuestionado por las defensas de los 25 procesados.
Un proceso bajo presión
En entrevisda del Diario Expreso, el abogado Eduardo Carmigniani, señalado en este entramado, denuncia que “un operador fantasma merodea por los pasillos judiciales abogando en mi contra y siguiendo la misma línea que intentó seguir la señora Jaramillo”.
Para él, se trata de “casi tres años de persecución infame” en un caso donde la Fiscalía “no se atrevió ni siquiera a insinuar” que hubiese sobornado a alguien, pero aun así lo incluyó en la acusación.
Carmigniani insiste en que de sus cuentas “no salió ningún dinero para funcionario alguno” y que un informe de una firma auditora internacional corroboró que no existen observaciones tributarias. Su conclusión es categórica: “No debí ser incluido en el proceso ni las personas de la Curia”.
El frente mediático
El Diario Expreso, medio al que Carmigniani asesora y preside en su Consejo Editorial, ha sido blanco de ataques oficiales. En un análisis publicado semanas atrás, el periodista Roberto Aguilar sostuvo que el Gobierno “ya señaló culpables” y que el juez Olavo Hernández enfrenta una presión intolerable.
Aguilar fue más allá: “De presunto cómplice se convierte en comprobado autor intelectual. Se trata del abogado Eduardo Carmigniani Valencia y el motivo por el cual el gobierno ha decidido concederle mayor protagonismo en el caso Sinohydro que a los propios Lenín Moreno y Conto Patiño es su relación con Granasa, empresa editora de este Diario”.
La figura inexistente
El núcleo del problema es la aplicación del cohecho. La defensa de los procesados recuerda que esta figura exige la participación de funcionarios públicos y recursos estatales, elementos ausentes en el caso INA Papers.
La Fiscalía, sin embargo, contra toda razón, ha insistido en sostener la acusación, lo que Carmigniani califica como un “fishing expedition”, una búsqueda desesperada de pruebas inexistentes.
La contradicción es evidente: se pretende forzar un tipo penal que no encaja, mientras se multiplican las presiones políticas y mediáticas. El riesgo es doble: erosionar la independencia judicial y convertir un proceso cuestionado en un espectáculo de persecución.
Es un caso muerto al que se le quiere dar vida a toda costa y por eso, es un proceso de terror.
Un caso que se vuelve de terror
La audiencia reinstalada para el 8 de diciembre será decisiva. El juez deberá resolver si llama a juicio a quienes considera autores o cómplices, en un escenario marcado por presiones ocultas y figuras jurídicas inexistentes. Como advirtió Carmigniani, “se requiere un juez con valor” capaz de resistir la injerencia y devolver dignidad a la justicia.
El caso INA Papers, más que un proceso judicial, se ha transformado en un relato de terror institucional: un expediente donde la ley se estira hasta romperse y donde la reputación de empresas que no tienen ninguna relación. medios y personas se convierte en moneda cuando son ajenas al fondo del asunto. Fin
