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Fiscalía analizará pedido para vincular a Roberto Luque e Inés Manzano al caso Progen

La Fiscalía General del Estado confirmó que evaluará la solicitud presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) para vincular al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y a la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, dentro de la investigación del denominado caso Progen.

El anuncio fue realizado por el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, quien explicó que el documento ingresó oficialmente este miércoles a la institución y será analizado conforme a los procedimientos legales vigentes.

Fiscalía revisará la solicitud presentada por la CNA

Durante una entrevista radial, Alarcón enfatizó que la Fiscalía actuará con independencia y que cualquier decisión estará sustentada exclusivamente en los elementos de convicción que formen parte de la investigación.

«Nosotros procesamos a cualquier persona del país garantizando sus derechos, sean ministros de Estado o no. Actuamos con elementos de convicción y no acepto que se pretenda presionar a la Fiscalía mediante factores externos para procesar o dejar de procesar a una persona», manifestó el fiscal general subrogante.

El funcionario también indicó que el escrito presentado por la Comisión Nacional Anticorrupción será sometido al respectivo análisis jurídico antes de adoptar una resolución.

La decisión será comunicada tras el análisis jurídico

Alarcón señaló que, una vez concluida la revisión, la Fiscalía notificará la decisión correspondiente tanto a los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción como a la ciudadanía.

Reiteró que el proceso se desarrollará respetando el debido proceso y las garantías constitucionales de todas las personas involucradas.

¿Qué investiga el caso Progen?

La solicitud de la Comisión Nacional Anticorrupción se enmarca en el caso Progen, una investigación que busca determinar posibles irregularidades en la contratación de proyectos destinados a la generación de energía eléctrica.

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para establecer si existen responsabilidades penales derivadas de estos contratos, mientras continúa recopilando elementos que permitan esclarecer los hechos.

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