El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta un nuevo pedido de llamamiento a juicio. La Fiscalía General del Estado solicitó que el proceso avance a la etapa de juzgamiento por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, relacionado con el retiro del dispositivo de vigilancia electrónica que debía portar como medida cautelar dentro de otra investigación penal.
La solicitud fue presentada por la fiscal Lisset Barragán durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, realizada este lunes en la Unidad Judicial de Samborondón. En su dictamen acusatorio, la Fiscalía sostiene que Alvarez tendría responsabilidad como autor directo del presunto delito y expuso 25 elementos de convicción con los que busca sustentar el pedido de enjuiciamiento.
La diligencia se reanudó luego de que el pasado 25 de junio fuera suspendida por la salida del abogado defensor de Alvarez, Julio César Cueva. El jurista argumentó que la jueza Karen Alarcón, quien actuaba en reemplazo de la jueza Andrea Ordóñez Riera, no tenía competencia para continuar con la causa, por lo que consideró que no existían garantías para ejercer una defensa técnica adecuada.
Tras la reinstalación de la audiencia, Cueva también cuestionó el accionar de la Fiscalía al denunciar que la institución volvió a incumplir la prohibición de fotografiar y difundir imágenes de audiencias judiciales. Según afirmó en su cuenta de X, las fotografías fueron publicadas pese a la restricción legal y únicamente retiradas después de una queja presentada por la defensa y una disposición de la jueza del caso.
«Resulta difícil confiar en una institución que ni siquiera es capaz de cumplir una regla tan básica como respetar la prohibición de fotografiar y difundir imágenes de las audiencias judiciales», escribió el abogado. Además, sostuvo que este tipo de actuaciones no son aisladas y reflejan, a su criterio, un incumplimiento reiterado de las normas procesales en casos de alta exposición pública. «La ley no puede convertirse en una obligación para los ciudadanos y una simple sugerencia para quien ejerce la acción penal pública», añadió.
La defensa del alcalde también rechazó las versiones sobre un supuesto abandono voluntario de la audiencia. Explicó que la decisión respondió a la imposibilidad jurídica y material de preparar una defensa adecuada, debido al corto tiempo entre la convocatoria y la diligencia. Los abogados señalaron que no pudieron reunirse oportunamente con Alvarez, quien permanece privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, ni revisar el expediente para definir la estrategia jurídica.
