La inseguridad alimentaria en Ecuador muestra un deterioro sostenido y ya no se limita a la falta física de alimentos, sino a la dificultad económica para acceder a ellos. Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, 2,7 millones de personas enfrentaron niveles de crisis o emergencia entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, frente a 2,6 millones en el período anterior. La cifra representa el 15 % de la población y evidencia un incremento progresivo de esta problemática.
El informe advierte que millones de ecuatorianos se encuentran en Fase 3 (crisis) o superior, lo que implica brechas importantes en el consumo de alimentos o la necesidad de recurrir a estrategias extremas para subsistir. De ese total, cerca de 2,5 millones están en crisis y alrededor de 198.000 en emergencia, los niveles más severos antes de una posible catástrofe alimentaria.
La afectación no es homogénea en el territorio. Provincias como Esmeraldas y Pastaza registran los niveles más altos de severidad, ambas en Fase 3. Sin embargo, en términos absolutos, el mayor número de personas afectadas se concentra en Guayas, con cerca de 910.000 casos, seguido de Manabí (309.000), Los Ríos (176.000), Pichincha (165.000) y Esmeraldas (157.000).
Entre los factores que explican este deterioro destacan el incremento sostenido de los precios de los alimentos y el encarecimiento de la canasta básica, que en marzo de 2026 alcanzó los 829,38 dólares, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. A esto se suman el aumento del IVA, la eliminación de subsidios a los combustibles, el subempleo, la precariedad laboral y el impacto de la violencia y las extorsiones, que han reducido significativamente el poder adquisitivo de los hogares.
Frente a este escenario, la CIF recomienda fortalecer los programas de protección social, como el Bono de Desarrollo Humano, y priorizar políticas públicas que garanticen ingresos estables y acceso efectivo a alimentos. También plantea la necesidad de proteger los medios de vida, especialmente de pequeños productores, para evitar que más hogares caigan en niveles más graves de inseguridad alimentaria en el país.
