La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), Núcleo Pichincha, rechazó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien advirtió públicamente a los operadores de justicia que «o se enderezan o van presos«. En un pronunciamiento, los jueces respondieron que «los jueces no administran justicia para satisfacer intereses políticos ni responder a presiones de ningún poder del Estado», y calificaron esas expresiones como incompatibles con un Estado constitucional de derechos y justicia.
En el comunicado, la organización sostuvo que ninguna autoridad puede utilizar su cargo para emitir mensajes que puedan interpretarse como mecanismos de presión o intimidación contra quienes ejercen la función jurisdiccional. Además, recordó que el deber de los jueces es resolver los casos con independencia, sometidos únicamente a la Constitución, la ley, la prueba y el debido proceso. A su criterio, cualquier discurso que busque condicionar esa labor constituye una grave afectación a la independencia judicial y a la separación de funciones.
La AEMAJ advirtió que cuando desde el poder se transmite el mensaje de que los jueces pueden terminar privados de libertad por el contenido de sus decisiones, se genera un efecto intimidatorio que debilita el Estado de derecho. Asimismo, enfatizó que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un pretexto para lanzar amenazas generalizadas contra los administradores de justicia y ratificó su compromiso con la defensa de la independencia judicial.
Las declaraciones de Reimberg fueron pronunciadas el 30 de julio, durante una entrevista radial, luego de los allanamientos ejecutados por la Fiscalía contra jueces de la Corte Nacional de Justicia investigados por presunto cohecho en un caso relacionado con una empresa china. No es la primera vez que el ministro lanza advertencias de este tipo. En anteriores intervenciones ha sostenido que «nadie es intocable» y ha insistido en que el sistema judicial debe alinearse con el interés público y la seguridad ciudadana, afirmaciones que han generado cuestionamientos desde distintos sectores de la Función Judicial.
