Quito, 20 de mayo de 2025. Diana Salazar anunció su renuncia como Fiscal General del Estado, poniendo fin a una gestión de seis años y 42 días al frente de la Fiscalía. Su salida ocurre en un contexto marcado por fuertes tensiones políticas, cuestionamientos a la independencia judicial y una ciudadanía dividida en torno a su legado.
Durante su mandato, Salazar encabezó investigaciones de alto perfil como los casos Metástasis y Odebrecht. No obstante, fue criticada por el tratamiento desigual de ciertos procesos, lo que levantó sospechas de motivaciones políticas detrás de sus decisiones. Algunos casos avanzaron con celeridad, mientras otros permanecieron estancados por años.
Una de las polémicas más comentadas fue su tendencia a bautizar los casos judiciales con nombres mediáticos, sin justificación clara. Es el caso del escándalo conocido como INA Papers, que fue renombrado unilateralmente como Sinohydro, afectando la reputación de una empresa que no tenía relación institucional directa con el proceso.
En su mensaje de despedida, Salazar afirmó que “aferrarse a los cargos no le hace bien al país” y expresó su confianza en que el fiscal subrogante, Wilson Toainga, continuará con el trabajo institucional mientras se designa un nuevo titular.
Cabe recordar que la Procuraduría General del Estado había sostenido que Salazar podía permanecer en funciones más allá del término legal, en tanto no se nombrara a su reemplazo. Con su renuncia formal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deberá activar el proceso de selección.
La transición se da en medio de una crisis de seguridad sin precedentes y crecientes dudas sobre la imparcialidad de las instituciones judiciales. La pregunta ahora es si Toainga logrará superar el 10/20 con el que amplios sectores califican la gestión de su antecesora.
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