La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ofreció este 4 de junio de 2026 disculpas públicas a los familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro menores afrodescendientes desaparecidos y posteriormente asesinados tras ser detenidos por militares en diciembre de 2024. Durante el acto realizado en el Hemiciclo de la Rotonda, en Guayaquil, el comandante general de la FAE, Mauricio Salazar Machuca, reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.
En su intervención, Salazar admitió que la privación de libertad de los menores fue “ilegal, arbitraria e ilegítima” y afirmó que las Fuerzas Armadas incumplieron su deber de proteger a la ciudadanía. El alto mando también reconoció que la respuesta institucional fue tardía y contradictoria, y que declaraciones oficiales contribuyeron a la estigmatización de las víctimas y sus familias. Además, se comprometió a fortalecer los protocolos de actuación con menores y la capacitación permanente en derechos humanos.
Las familias aceptaron las disculpas como una medida de reparación, aunque dejaron claro que el proceso no estará completo mientras no se esclarezcan todos los hechos. Entre lágrimas, Ronny Medina, padre de Steven, recordó el profundo impacto de la tragedia en sus vidas. Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, expresó públicamente su perdón a los responsables, mientras que Johanna Arboleda, madre de Nehemías, insistió en que su principal demanda sigue siendo conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus hijos y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Durante la ceremonia también intervino Ana Lorena Delgadillo, relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, quien calificó el caso como uno de los episodios más dolorosos de la región. La experta advirtió que la militarización de la seguridad pública no reduce la violencia y, por el contrario, puede incrementar las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, pidió al Estado ecuatoriano fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar la participación de las familias en los procesos de investigación.
Por su parte, el defensor del Pueblo, César Palacios, sostuvo que no puede existir seguridad legítima sin respeto a la dignidad humana ni autoridad sin límites constitucionales. Señaló que los agentes que abusan de su poder perjudican tanto a las víctimas como a las instituciones que representan y enfatizó que la protección de la niñez requiere inversión social, educación y oportunidades en los territorios más vulnerables. Aunque el acto concluyó con incidentes protagonizados por familiares de otras personas desaparecidas, los allegados de los cuatro menores reiteraron que las disculpas constituyen un paso importante, pero que la justicia aún mantiene deudas pendientes.
n
