Tras el fin de la disputa comercial entre Ecuador y Colombia, la crisis de inseguridad en Ecuador persiste e incluso presenta indicadores más preocupantes que cuando se inició el conflicto bilateral.
Este escenario debilita el argumento de la denominada «tasa de seguridad», utilizado por el Gobierno ecuatoriano para justificar el incremento de aranceles a los productos colombianos. Para diversos sectores, la medida tuvo un alto costo económico para habitantes, comerciantes y empresas de ambos lados de la frontera, mientras que sus resultados en materia de seguridad fueron inexistentes o difíciles de demostrar.
Durante los tres meses que estuvo vigente la denominada guerra comercial, Ecuador y Colombia enfrentaron tensiones económicas, logísticas y diplomáticas que afectaron el intercambio bilateral y generaron incertidumbre entre miles de empresas y trabajadores que dependen del comercio fronterizo.
La eliminación de los aranceles cierra un capítulo complejo en las relaciones económicas entre ambos países. Sin embargo, también deja en evidencia que no existe una relación directa comprobada entre el incremento de aranceles y una mejora en la seguridad ciudadana en Ecuador.
Aunque el Gobierno ecuatoriano defendió la medida como un mecanismo para presionar a Colombia a reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común, expertos y gremios empresariales sostienen que sus efectos fueron principalmente comerciales y diplomáticos. Además, advierten que las restricciones al comercio incentivaron el contrabando y otras actividades ilegales en las zonas fronterizas.
Con el levantamiento de los aranceles, Ecuador y Colombia retoman una relación comercial clave para ambas economías. No obstante, el episodio deja abierto el debate sobre la conveniencia de utilizar herramientas comerciales para enfrentar problemas de seguridad que requieren respuestas coordinadas entre los dos Estados.
