Esta mañana, la ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó que el campo petrolero Sacha, «la joya de la corona» no será concesionado, como se había previsto.
En una entrevista con un medio nacional, la ministra explicó que el consorcio Sinopetrol no cumplió con el plazo establecido por el presidente Daniel Noboa para el pago de la prima de 1.500 millones. «No hay nada más que hablar. Sencillamente, el plazo se les venció», declaró Manzano.
Una victoria para el pueblo ecuatoriano
Esta noticia fue recibida como una victoria por analistas, expertos petroleros y actores políticos, quienes resaltaron que la lucha del pueblo ecuatoriano, a través de sus denuncias y movilizaciones, logró frenar lo que muchos consideraban el mayor atraco a las arcas del Estado.
Fracasa el gran reparto
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, celebró el triunfo, destacando que el pueblo evitó que Sacha fuera entregado bajo «condiciones lesivas para nuestro país». Aseguró que esta victoria fue posible gracias al esfuerzo colectivo, marcado por dignidad, claridad y firmeza.
Por su parte, la candidata presidencial Luisa González enfatizó que es adjudicación «a escondidas» afectaba gravemente el país. González señaló las arbitrarieddes cometidas como el despido de técnicos que se negaron a ser cómplices de este “autosabotaje”, a la empresa estatal
Reclamo de la Asociación Nacional de Trabajadores Petroleros (ANTEP)
La ANTEP, en un comunicado, exigió que, además del anuncio de la ministra, se derogaran las resoluciones y acuerdos relacionados, se devolvieran las torres de perforación, y se reacondicionara la empresa estatal Petroecuador. También solicitaron detener la «política de autosabotaje» en la empresa, que incluye el reintegro de los trabajadores despedidos injustamente.
«Si el gobierno tiene palabra, debe corregir las irregularidades y continuar con el plan de inversiones para aumentar la producción de este campo», agregó la ANTEP. En su comunicado, agradecieron a los trabajadores y a la ciudadanía por permitir que «Sacha siga en manos del pueblo».
La crisis en Petroecuador
La exasambleísta Cristina Reyes aprovechó para señalar que, más allá de la caída del negociado de Sacha, es urgente abordar la crisis institucional que atraviesa Petroecuador.
La empresa ha sufrido cambios de 5 gerentes en solo 15 meses, lo que ha generado una falta de estrategia y de inversión. «Aquí no falta petróleo, falta vergüenza», afirmó, destacando que lo más grave es el saqueo administrativo que ha convertido a la estatal en un “botín político”, beneficiando a unos pocos.
Una adjudicación llena de irregularidades
Desde el inicio de la adjudicación, diversos medios nacionales e internacionales destacaron las numerosas irregularidades en el proceso:
- Se trató de una adjudicación directa, sin concurso ni licitación pública, realizada a inicios del feriado de carnaval. Este tipo de adjudicación está prohibida por la Ley de Hidrocarburos cuando se trata de campos que se encuentran en fase de producción.
- La «entrega a dedo» del campo representaba un perjuicio para el Estado ecuatoriano de unos 8.000 millones de dólares, que se dejarían de percibir durante los próximos 20 años.
- Los términos de negociación cambiaron drásticamente: originalmente, el consorcio recibiría el 87.5% de las ganancias, mientras que el Estado solo el 12.5%. Sin embargo, tras las presiones públicas, los términos se modificaron a un 81% para la empresa y un 19% para el país.
- Una auditoría internacional, contratada por Petroecuador, advirtió que el manejo de este campo representaba ingresos netos de 14.941 millones de dólares para el país, pero fue ignorada por el Viceministerio de Hidrocarburos.
- Las compañías que conformaban el consorcio Sinopetrol carecían de la capacidad técnica y económica necesaria, y se sospecha que tenían vínculos con negocios de la familia del presidente Noboa.
- Además, la pérdida económica de este acuerdo afectaría el abastecimiento de las Refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, que dependen de este petróleo de alta calidad para su refinación.
Demandas legales contra la adjudicación
Ante las irregularidades, diversas organizaciones sociales y políticas presentaron demandas ante la Fiscalía General del Estado para frenar la adjudicación, considerándola perjudicial para los intereses del Ecuador.
Esta victoria del pueblo ecuatoriano marca un hito importante en la lucha contra los negociados y la corrupción, y abre la puerta a un mayor control y transparencia en la gestión de los recursos naturales del país.
