Con un chaleco antibalas, un casco protector de la cabeza y resguardo policial, el candidato Javier Pincay pudo votar en las elecciones locales y consulta popular el 5 de febrero en Portoviejo, capital de la provincia ecuatoriana de Manabí (noreste), luego de dos atentados en su contra que casi le cuestan la vida.
«Esto deja muy malherida no solo a la democracia ecuatoriana, sino a la confianza de la ciudadanía y a los procesos electorales, por el hecho de que Portoviejo es la capital de la tercera provincia más importante a nivel poblacional de nuestro país», señaló Pincay en entrevista con la Agencia Sputnik.
Tras recibir 7 impactos de balas a mansalva durante la campaña electoral por el partido Avanza, Pincay vio afectado su sistema gastrointestinal, siendo el colon uno de los órganos afectados y donde se realizó la primera intervención quirúrgica.
La sede de su central política también fue atacada con artefactos explosivos que causaron daños a sus colaboradores del Partido Avanza.
El ahora alcalde electo de la urbe portovejense ha recuperado el 80 por ciento de su salud, pero asegura que el proceso ha sido difícil y lento, no obstante considera que está listo para asumir el cargo desde el 24 de mayo próximo.
Ahora tiene un dilema ante sí y será cómo gobernar e interactuar con sus mandantes, sin la certeza de que ya el peligro pasó completamente.
«Sí podré recorrer la ciudad y seguir escuchando a la gente. Estoy seguro de que los ataques perpetrados fueron al candidato. Ahora soy el alcalde y estoy listo para gobernar por la ciudad y los portovejenses, sin miedo y con mucha fe», aseveró.
Pincay coincide con los expertos locales que han calificado a esta contienda como la más violenta de la historia reciente, con el registro de al menos 5 candidatos asesinados, entre ellos una mujer, y otros 13 que fueron blanco de agresiones violentas.
A ello se suman las víctimas colaterales, como el asesinato del hijo de una candidata, el asesor de otro aspirante y la muerte de joven tras ser alcanzado por uno de los disparos contra Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía de Puerto López (Manabí), asesinado pocas horas antes de las votaciones y quien también recibió el voto de sus electores pese a su fallecimiento.
Problema de la democracia
Un informe sobre el proceso comicial de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) recoge su preocupación por las manifestaciones del crimen organizado en la contienda electoral.
«Hay un clima me parece que es nuevo en el Ecuador, que es la vinculación de lo político con los crímenes, narcotráfico y tráfico de armas», coincidió en entrevista con la Agencia Sputnik la recién electa viceprefecta de la provincia de Imbabura, Paulina Vercourtere.
Ella ha sufrido en carne propia la violencia política y desde hace más de un año impulsa dos procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) precisamente por violencia política.
Comenta que esta situación le ha ocasionado una revictimización debido a la morosidad en la aplicación de la justicia, pero en la que fue su cuarta campaña electoral logró blindarse con la estrategia de exponer a los agresores y hablar en todas sus entrevistas sobre la violencia política.
«Creo que ese nivel de exposición hizo que mis agresores por el momento hayan bajado las armas porque si no yo les exponía, porque muchos de ellos son actores políticos visibles y estaban terciando como candidatos o en las dirigencias o dentro de la campaña», precisó.
Considera importante el papel que desempeñan las mujeres que están ingresando a la política, ya que con su participación redimen el ejercicio de la política, la cual en este país .
Sin embargo, señaló que no todas las mujeres son atacadas de la misma manera debido a que quienes siguen el libreto patriarcal no enfrentan la violencia política debido a que son funcionales al poder.
Ejemplificó que la violencia política se ejerce incluso dentro de las agrupaciones políticas cuando les piden que «bajen un poco el tono» al tema de las luchas feministas, para que no los tachen de extremistas, cuando en realidad ese es su capital político.
Según la Corporación de Participación Ciudadana, en el contexto de las elecciones locales y consulta popular 2023 en Ecuador pudieron recopilar 228 tuits violentos contra 47 mujeres.
En Quito hubo un caso público de violencia política en una propaganda pegada a un bus donde se observaba una imagen, sin texto alguno, de un candidato que empujaba a su rival, una candidata a la reelección en la Prefectura, lo que fue interpretado como un ataque a su persona y no a su proyecto político.
Falta una normativa
En opinión de Yadira Allán, directora del Instituto de la Democracia, adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE), en este fenómeno de la violencia política afecta la falta de una normativa que sanciones este fenómeno, sin embargo, considera que hay que ir a la prevención para evitar que ello suceda.
«Nos falta una normativa que sí digamos sanciona la violencia política pero lo que hay que mirar es no la sanción sino la prevención de la violencia política», anotó en una reciente entrevista con la Agencia Sputnik.
Allán indicó que la institución que ella preside ha recopilado información a fin de plantear un procedimiento para eliminar esta situación, pero debe apuntarse en primer lugar a la prevención para evitar que ocurran estas situaciones.
«No es menos cierto que la violencia política contra las mujeres sí se da, sobre todo, en estos momentos de campaña», admitió.
Vercourtere apunta que la violencia política no es aún un tema legítimo en la discusión pública, ni tampoco en el movimiento de mujeres y feministas, por eso valora la necesidad de generar un debate para poner el tema al descubierto y poder erradicar esta problemática.
Ella califica de muy dura esta campaña electoral en cuanto a la violencia política, lo que atribuye al clima de inseguridad imperante en el país.
En ello influyó «el clima de desmoronamiento y desinstitucionalización de todo el Estado y de una falta de liderazgo político del gobierno», apuntó.
En tanto, Pincay opinó que los atentados que se vivieron en el país fueron parte una campaña sucia con la que se trató de empañar este proceso ya que muchos de quienes fueron atacados lideraban la intención del voto, lo cual evidencia lo debilitada que está la democracia ecuatoriana.
En su consideración, es indudable que existe el crimen organizado y el narcotráfico y de alguna manera u otra quienes plantean soluciones a favor de los ciudadanos pueden ser una amenaza para quienes delinquen.
Sin embargo, aseveró, no es posible silenciarse, sino que hay que fortalecer el Estado en todos los niveles para trabajar en la raíz del problema, como la reactivación de la economía de los hogares y fortalecer los programas sociales.
«Nosotros tenemos un plan para hacerlo en Portoviejo y haremos todos los llamados necesarios al presidente para que haga su parte y que nuestra ciudad recupere la paz porque una ciudad sin seguridad no se reactiva», aseveró.
Al dar inicio de la votación del pasado 5 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, instó a las carteras que tienen relación directa sobre los hechos de violencia a combatirlos a través de un trabajo coordinado e integral para emprender el diseño de mecanismos y normas a fin de preservar el bien mayor de los ecuatorianos: «la paz y la democracia».
Con información de Sputnik