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Las autoridades electorales ignoran las infracciones de Daniel Noboa ¿Complicidad?

El abogado @santidavid ha destapado varias infracciones electorales cometidas por Daniel Noboa, candidato presidencial. A pesar de las claras violaciones, las autoridades electorales guardan silencio, dejando en entredicho la equidad del proceso.

Uso indebido de recursos públicos

Desde 2020, una reforma al Código de la Democracia exige que los funcionarios en ejercicio tomen licencia sin sueldo al comenzar la campaña electoral. A pesar de esto, Noboa y sus ministros intentan evadir la normativa citando una sentencia de 2010 y un decreto de 2013. Esos antecedentes no son aplicables a la legislación vigente.

Morosidad en pensiones alimenticias

El artículo 96 del Código de la Democracia prohíbe a los candidatos con deudas de pensiones alimenticias. Noboa adeuda las pensiones correspondientes a enero y febrero de 2025, lo que lo descalifica legalmente.

Exceso en gasto electoral

El gasto electoral está limitado a casi $5,5 millones para 2025. Sin embargo, Noboa ha superado este límite. Se estima que ha gastado $2,5 millones en TikTok, $250,000 en Twitter, $100,000 en Instagram y $36,000 en Facebook, sin contar otros gastos ilegales en plataformas como YouTube.

Violaciones y prácticas ilegales

La campaña de Noboa ha recurrido a prácticas clientelistas para asegurar votos, un comportamiento multado en el pasado. Además, la utilización de recursos públicos en eventos como el mitin del 5 de enero de 2025, disfrazado de «saludo espontáneo», es otro claro incumplimiento.

Contratación ilegal de medios

La contratación de medios fuera de la pauta oficial del CNE también es ilegal. Numerosos periodistas y medios han participado de manera encubierta en la campaña, violando las normas.

Violencia política de género y omisión institucional

Un aspecto grave es la violencia política de género contra la vicepresidenta de Noboa, impidiéndole cumplir su función constitucional. Las instituciones han permitido que esta situación persista, ignorando la gravedad del caso.

El silencio de las autoridades

A pesar de las evidentes infracciones, las autoridades encargadas de velar por la legalidad del proceso electoral no han actuado. Su omisión constituye una infracción y refleja un incumplimiento de sus responsabilidades.

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