Un día después de asegurar que no existen los votos necesarios en la Asamblea Nacional para enjuiciarle, el presidente de Ecuador amenazó nuevamente este martes con disolver el parlamento unicameral del país suramericano si avanza el juicio político en su contra por cargos de peculado.
Pese a que Lasso considera que las acusaciones vertidas contra él carecen de fundamento y sólo tienen fines partidistas, este marte se prevé que inicie la fase de pruebas que sustentan el proceso del juicio político al mandatario.
«Nadie ha hecho más para combatir la corrupción», ha subrayado Lasso, en una entrevista con el medio Financial Times en la que ha analizado los distintos escenarios que se le plantean.
Según ha dicho, su objetivo es evitar a toda costa el juicio político que le puede apartar del cargo «porque no es correcto».
Lasso, que tiene previsto comparecer ante el poder legislativo para defenderse de las acusaciones, ha confirmado que estaría dispuesto a invocar la cláusula constitucional bautizada como la muerte cruzada.
La muerte cruzada es un recurso constitucional del que dispone el jefe de Estado ecuatoriano para disolver la Asamblea Nacional en medio de algún escenario que implique crisis política o ingobernabilidad.
Esta vía implicaría convocar no sólo elecciones parlamentarias, sino también presidenciales en la que, según ha anunciado en su diálogo con Financial Times, Lasso acudiría de nuevo como candidato.
El juicio político contra Lasso, que de prosperar supondría el cese del presidente ecuatoriano, se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría General, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares.
El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno, quien también posee abierto un proceso judicial en su contra por el caso Ina Papers.