Tras la decisión de la mayoría oficialista de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de no dar paso a la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente, Agua y Energía, Inés Manzano, se desató una ola de críticas desde distintos sectores de la oposición.
Para varios legisladores, la resolución evidencia un supuesto acuerdo para impedir que se esclarezcan las presuntas irregularidades vinculadas al caso Progen y contradice el discurso gubernamental de lucha contra la corrupción.
Los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Lenín Barreto y Blasco Luna, presentaron una solicitud ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que se aplique el artículo 142, inciso sexto, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el objetivo de que el juicio político contra Manzano sea remitido al Pleno para su conocimiento y resolución.
La bancada correísta argumentó que el proceso no puede ser archivado de forma automática y que corresponde al Pleno Legislativo adoptar una decisión definitiva sobre el pedido de interpelación.
Por su parte, el asambleísta de Pachakutik, Álex Toapanta, denunció una presunta intención de proteger al Gobierno y favorecer la impunidad en torno a los hechos investigados en el caso Progen. Además, cuestionó la actuación de los legisladores que se abstuvieron durante la votación en la Comisión de Fiscalización, lo que impidió que el trámite avanzara.
En la misma línea, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, rechazó la resolución y la calificó de “bochornosa”, en medio de la creciente tensión política generada por las investigaciones relacionadas con los contratos termoeléctricos suscritos durante la crisis energética.
Serrano también cuestionó la conducción del proceso dentro de la Asamblea Nacional y sostuvo que la decisión adoptada busca desviar responsabilidades políticas sobre los presuntos perjuicios económicos que se investigan en el caso Progen.
El caso Progen se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro del Legislativo debido a las denuncias sobre presuntas irregularidades, incumplimientos contractuales y posibles pérdidas millonarias para el Estado ecuatoriano.
