Un informe oficial contradice las declaraciones de la ministra Manzano sobre el desastre ambiental en Esmeraldas
Un informe de Petroecuador vuelve a contradecir la versión oficial presentada por la ministra de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Inés Manzano, respecto a la cantidad de barriles de crudo derramados en Esmeraldas. Este informe revela, además, la negligencia e irresponsabilidad del gobierno ante lo que se considera uno de los peores desastres ambientales de la historia del Ecuador.
El 21 de marzo, durante una entrevista en Ecuavisa, Manzano declaró: «Hemos dicho clarísimo que han sido 3800 barriles lo que reporta Petroecuador». Sin embargo, el informe oficial de Petroecuador, fechado el 20 de marzo de 2025 (un día antes de la declaración de la ministra), cifra el derrame en 25.116,95 barriles, una cifra mucho mayor a la reportada por la ministra. Esta cifra coincide con los cálculos realizados por el doctor en innovación y ambientalista Inty Gronneberg, quien estimó el volumen de crudo derramado a partir del bombeo por hora y el tiempo de respuesta de la empresa estatal.
Informe oficial contradice las declaraciones gubernamentales
El 20 de marzo, el jefe de operaciones de Petroecuador envió un informe con las estimaciones del derrame. Según este documento, la cifra reportada es seis veces mayor que la cifra mencionada por la ministra Manzano. Además, la ministra señaló sin pruebas que la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) fue producto de un «sabotaje».
Por su parte, el gerente de Petroecuador, Roberto Concha, informó el 21 de marzo, en rueda de prensa, que no podían dar cifras exactas sobre la cantidad de barriles hasta que se normalizaran las operaciones del SOTE, señalando que esta información estaría disponible entre el 22 y el 23 de marzo.
Durante esa rueda de prensa, Concha detalló, de manera cronológica, las acciones tomadas ante la emergencia. La primera alerta ocurrió a las 18:31 del jueves 13 de marzo, el bombeo se detuvo un minuto después, y nueve minutos después se constató la rotura del tubo.
Sin embargo, el sistema SOTE no cuenta, señaló el gerente, con un mecanismo automático de válvulas ante roturas y, por ello, se debió cerrar manualmente las válvulas, una operación que se realizó 14 minutos después de la alerta, a las 19:00. A las 20:20, se cerraron las válvulas más alejadas, en Santo Domingo y Las Palmas.
El informe, emitido un día antes de las declaraciones de la ministra, ya estaba en manos de las autoridades de Petroecuador, lo que sugiere que la información fue ocultada de manera deliberada.
Expertos ambientales critican la falta de acción del gobierno
Para el sociólogo y activista Ismael Bernal, en declaraciones a Radio Pichincha, el derrame es un ecocidio y un acto de racismo ambiental, debido a la magnitud de la tragedia y al hecho de que medio millón de personas se han visto afectadas, especialmente en comunidades afroecuatorianas de Esmeraldas. «Lo calificamos como un ecocidio y un racismo ambiental porque el 33% de la población afroecuatoriana está asentada en Esmeraldas», expresó Bernal.
Según Bernal, la población afectada directa e indirectamente supera los 500 mil habitantes. Además, criticó la falta de medidas eficaces por parte de Petroecuador ante derrames anteriores, como los ocurridos en Cube (junio de 2023), la estación de Balao en Las Palmas (julio de 2023) y el más reciente el 13 de marzo de 2025.
La magnitud del derrame fue mayor de lo que se afirmó
El experto Inty Gronneberg, a través de su cuenta de X, también cuestionó el memorando oficial de Petroecuador, subrayando que las medidas de mitigación, limpieza y reparación deben alinearse con la magnitud real del desastre. «Actuar sobre cifras minimizadas no solo es irresponsable, es peligroso para el ambiente, la salud pública y la justicia ambiental», advirtió.
Gronneberg también denunció que, desde el mismo 13 de marzo, Petroecuador ya podía estimar la magnitud del derrame. Sin embargo, en lugar de informar con transparencia, se minimizó el hecho y las cifras proporcionadas por diferentes autoridades se contradijeron.
Además, el experto alertó sobre las implicaciones de la teoría de «sabotaje» utilizada por la ministra Manzano, que podría dejar al país sin cobertura del seguro ambiental, ya que la póliza de Petroecuador excluye los actos de sabotaje. Si el gobierno insiste en esta narrativa, la aseguradora podría negarse a cubrir los daños.
Si se confirma la negligencia en la respuesta, como la demora en cerrar las válvulas o en aislar rápidamente el área afectada, esta cobertura también podría quedar anulada total o parcialmente. Esto implicaría que el Estado tendría que asumir con fondos públicos los costos de limpieza, remediación y compensaciones, lo que significaría millones de dólares. Como señaló Gronneberg, «un evento natural puede ser inevitable, pero una mala gestión y versiones contradictorias son responsabilidad directa del gobierno».
