El periodista Jofre Paredes, amigo cercano de Monika Silva, rechazó la teoría inicial de un suicidio y aseguró que las autopsias desmintieron esa versión oficial. Según indicó, la activista poseía información sensible relacionada con presuntos casos de corrupción, tráfico de tierras y narcotráfico, la cual ya había entregado a organismos internacionales y a la DEA.
Paredes señaló que la investigación enfrenta cuestionamientos debido al decreto de reserva total que rodea el caso y a la posibilidad de que el crimen sea catalogado como un femicidio político.
Asimismo, expuso el clima de impunidad y temor que afecta a los defensores sociales en la región, en medio de denuncias sobre graves irregularidades administrativas. También destacó la presión ejercida por organismos internacionales, como la ONU, y por el Gobierno de Polonia para garantizar una investigación transparente y el esclarecimiento de este caso.
La relatora de la ONU sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, instó al Estado ecuatoriano a garantizar la protección de este grupo, fortalecer los mecanismos institucionales y asegurar una investigación independiente sobre el crimen.
Monika Silva, activista polaca, desarrolló denuncias vinculadas a presuntos casos de corrupción en la zona de Montañita, provincia de Santa Elena, donde fue hallada sin vida en su vivienda. El caso mantiene seguimiento internacional por parte de varios organismos.
