El 19 de febrero de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó en segunda instancia la sentencia emitida el 11 de junio de 2024 contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por violencia política de género. La denuncia fue interpuesta por la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo.
Contexto de la sentencia
El 19 de agosto de 2024, la asambleísta Lucía Jaramillo presentó una denuncia en el TCE contra el alcalde Álvarez, tras un mensaje que este publicó en su cuenta de X. El mensaje fue una respuesta al anuncio de Jaramillo sobre la creación de un Frente Parlamentario para luchar contra el tráfico de combustible e investigar a la empresa COPEDESA.
El 3 de septiembre de 2024, el TCE admitió la denuncia. La sentencia de primera instancia se emitió el 6 de noviembre de 2024 y fue apelada por Álvarez. El 19 de febrero de 2025, el TCE ratificó parcialmente la sentencia, manteniendo la multa de 21 salarios básicos (equivalente a 9,660 dólares), la eliminación del post en la cuenta de X del alcalde, y la obligación de ofrecer disculpas públicas. Además, se le ordenó tomar un curso de sensibilización sobre violencia de género y publicar la sentencia en la página web institucional durante 30 días.
Una coincidencia sospechosa
La ratificación de la sentencia llega pocos días después de que Álvarez criticara al candidato presidencial Daniel Noboa. Lo acusó de no proporcionar recursos para la institución ECU 911 y de no implementar políticas de seguridad efectivas en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país. Álvarez también ha cuestionado la retirada de competencias para la emisión de permisos de funcionamiento ambiental y la falta de diálogo con Noboa sobre las necesidades de Guayaquil. Además, apoyó la denuncia del excandidato presidencial Pedro Granja sobre un presunto acto de corrupción de la empresa Petronoboa S.A., relacionada con el hermano del presidente.
Actualmente, Álvarez enfrenta una investigación de la Fiscalía General del Estado por la posible comercialización ilegal de combustible en zonas fronterizas a través de COPEDESA, una empresa vinculada a su familia.
Reacciones ante la sentencia
Lucía Jaramillo, denunciante del caso, celebró la ratificación de la sentencia en sus redes sociales. Según ella, la decisión envía un mensaje claro: “la impunidad se acabó”.
Sin embargo, la abogada Sonia Vera criticó la sentencia, calificándola como una farsa. Según Vera, el TCE no sancionó a Álvarez por llamar «vaga» a Jaramillo, sino por el uso del término «niña». La abogada aseguró que Jaramillo no ha cumplido con sus funciones como asambleísta y que el TCE, lejos de buscar justicia, persigue a quienes incomodan al sistema.
Cumplimiento de la sentencia
Esta mañana, el alcalde Álvarez cumplió con la sentencia, publicando un mensaje en su cuenta de X en el que ofreció las disculpas públicas ordenadas. En su mensaje, destacó la importancia de respetar la convivencia democrática y se comprometió a “abstenerme de emitir comentarios que vulneren derechos o fomenten la violencia política de género”. También reafirmó su compromiso con la equidad, la igualdad y el respeto por la democracia, asegurando que sus futuras intervenciones seguirán basadas en el respeto, sin renunciar a sus convicciones.
